Por Agustin Peña Cruz
Ciudad Altamira, Tamps.- La reanudación de la audiencia inicial por el feminicidio
de la adolescente Dafne Zapata Quintos volvió a colocar el foco en uno de los
procesos penales más observados en Tamaulipas. En el Centro Integral de Justicia
de Altamira, el juez de control continuó con el análisis de los datos de prueba que
definirán la situación jurídica de Danna Yanina “N”, mientras la defensa insistió en
que no existen elementos suficientes para acreditar su probable participación en el
delito y la familia de la víctima reiteró su exigencia de justicia sin vulnerar el debido
proceso.
La resolución de esta etapa se desarrolla dentro del plazo constitucional ampliado a
144 horas, previsto por el artículo 19 de la Constitución y regulado en el Código
Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), luego de que la defensa solicitara la
extensión del término para incorporar mayores elementos de prueba antes de que el
juez determine si procede o no la vinculación a proceso.
En el mismo procedimiento también se encuentran sujetos a investigación Jorge “N”
y Estrellita “N”, cuya audiencia inicial continuará posteriormente, al haber solicitado
igualmente la ampliación del plazo constitucional.
Durante un receso de la audiencia, Carlos David Robles Figueroa, abogado
penalista especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio e integrante de la
defensa de Danna Yanina “N”, sostuvo que el eje del proceso debe mantenerse en
los principios que rigen el sistema penal mexicano.
“La presunción de inocencia es un principio que toda persona a la que se le imputa
un delito tiene. El artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales
establece que toda persona debe considerarse inocente hasta que se demuestre lo
contrario”, afirmó.
El litigante explicó que la estrategia jurídica de la defensa se concentra en la
incorporación de datos y medios de prueba diferenciados conforme al artículo 261
del CNPP, disposición que distingue entre datos de prueba, medios de prueba y
prueba.
“Ayer desahogamos medios de prueba frente a la jueza; comparecieron el padre, un
médico y una psicóloga. Hoy vamos a citar datos de prueba que consideramos
idóneos, pertinentes, útiles y suficientes para acreditar que nuestra representada no
tiene probable participación”, señaló.

Robles Figueroa evitó confrontar directamente la actuación de la Fiscalía, aunque
precisó que será el órgano jurisdiccional quien determine si el Ministerio Público
cumplió con los estándares legales durante la integración de la carpeta de
investigación.
“El Ministerio Público hace su trabajo o intentó hacerlo; finalmente será la jueza
quien lo determine. Ayer la vimos bastante coherente y esperamos obtener un
resultado favorable”, expresó.
Las declaraciones del abogado cobran relevancia porque durante el desarrollo de la
audiencia también se ha discutido el alcance de las atribuciones y obligaciones del
Ministerio Público previstas en los artículos 127 y 131 del Código Nacional de
Procedimientos Penales. El primero establece sus competencias en la conducción
de la investigación, mientras que el segundo le impone el deber de actuar con
objetividad, legalidad, respeto a los derechos humanos y de recabar tanto los
elementos que sustenten la acusación como aquellos que puedan favorecer al
imputado.
De manera paralela, la jueza de control reiteró a las partes el exhorto para evitar la
difusión pública del contenido de los datos de prueba, al considerar que su
divulgación podría comprometer la investigación y afectar tanto los derechos de las
víctimas como la presunción de inocencia de las personas imputadas. Esa reserva
procesal encuentra sustento en las reglas del CNPP y en el principio de protección
de la investigación durante las etapas iniciales del procedimiento, de acuerdo con
abogados intervinientes en el caso en curso.
A las puertas frente al Centro Integral de Justicia en Altamira también estuvo
presente la madre de Dafne, quien reiteró que su prioridad continúa siendo el
esclarecimiento integral de los hechos.
“Va bien, pero falta más”, resumió al referirse al avance de las investigaciones.
La madre de la adolescente reconoció el trabajo realizado por las autoridades
federales y estatales, aunque sostuvo que la investigación aún no concluye.
“Está excelente el trabajo que está haciendo la Procuraduría, el Gobierno Federal y
el Gobierno del Estado. Estoy muy agradecida, pero faltan más piezas claves de
este rompecabezas”, declaró.
Frente a los cuestionamientos sobre la responsabilidad de Danna Yanina “N”, evitó
emitir un juicio anticipado.
“Yo no puedo dictaminar ni señalar quién es inocente o quién es culpable. Yo no
estuve en el lugar de los hechos; solamente soy una madre que quiere que todo se
esclarezca”, afirmó.

La postura refleja uno de los principios que atraviesan el procedimiento: la búsqueda
de justicia para la víctima sin sustituir la función del órgano jurisdiccional. Bajo esa
lógica, el artículo 20, apartado B, de la Constitución garantiza los derechos de toda
persona imputada, mientras que el apartado C reconoce la protección y
participación de las víctimas dentro del proceso penal.
La audiencia continúa en una etapa determinante. El juez de control deberá valorar
los argumentos de la Fiscalía, los datos y medios de prueba aportados por la
defensa y las reglas del Código Nacional de Procedimientos Penales para resolver
si existen elementos suficientes para vincular o no a proceso a Danna Yanina “N”,
en un caso que, por su impacto social y mediático, pone nuevamente a prueba el
equilibrio entre el derecho de las víctimas a la justicia y las garantías fundamentales
del debido proceso.