Enrique Jonguitud
Ciudad Victoria, 6 de julio.- El Instituto Electoral de Tamaulipas Instituto Electoral de Tamaulipas fortaleció las redes de acompañamiento dirigidas a mujeres que participan en la vida pública del estado, con el objetivo de prevenir y atender casos de violencia política de género.
El organismo electoral informó que estas redes brindan orientación, seguimiento y apoyo institucional a magistradas, juzgadoras, candidatas y mujeres electas, para garantizar condiciones más seguras en el ejercicio de sus funciones.
Una de las principales acciones es la integración de la Red de Mujeres Juzgadoras Electas del Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025, conformada por 38 integrantes, de las cuales siete fueron electas para magistraturas y 31 desempeñan funciones como juzgadoras en el Poder Judicial del Estado.
De manera paralela, la Red de Mujeres Electas del Proceso Electoral Ordinario 2023-2024 alcanzó 67 integrantes al 31 de mayo, quienes reciben acompañamiento institucional y seguimiento para fortalecer el desempeño de sus cargos públicos.
Los avances fueron presentados por Marcia Laura Garza Robles, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del IETAM, durante la revisión del programa anual de trabajo en materia de igualdad, paridad y prevención de la violencia política contra las mujeres.
Como parte de esta estrategia, el Consejo General del IETAM aprobó la creación de la Red de Mujeres Juzgadoras, Candidatas y Electas, en coordinación con la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales (AMCEE), con el fin de establecer un mecanismo permanente de atención.
Esta red ofrece registro, orientación jurídica y acompañamiento a sus integrantes en caso de posibles actos de violencia política, además de seguimiento durante el ejercicio de sus funciones en cargos públicos o de representación.
Con estas acciones, el IETAM busca consolidar un esquema de protección institucional que permita a las mujeres ejercer sus derechos político-electorales con mayor seguridad, respaldo y acceso a mecanismos efectivos de atención ante la violencia política de género.