Por Agustín Peña Cruz
Ciudad Madero, Tamps.- El Gobierno de Ciudad Madero rompió el silencio institucional
sobre el caso de la adolescente Dafne Zapata Quintos, cuyo fallecimiento durante un
campamento organizado por la Academia Militarizada de Marina Doenitz derivó en una
investigación por el delito de feminicidio y en un proceso penal que continúa
desarrollándose en los tribunales de Tamaulipas.
A través de un comunicado oficial, la administración municipal y el Sistema DIF Ciudad
Madero expresaron su solidaridad con la familia de la menor y manifestaron su confianza en
que las autoridades ministeriales y judiciales esclarezcan plenamente los hechos,
respetando el debido proceso y sancionando, conforme a derecho, a quienes resulten
responsables.
El posicionamiento se produce horas después de que un juez de control resolviera la
vinculación a proceso de los primeros imputados relacionados con el caso, una decisión que
el gobierno municipal calificó como «una etapa procesal relevante» dentro de la
investigación.
«Respetamos el curso de las investigaciones y las determinaciones que, en el ámbito de sus
atribuciones, realizan la Fiscalía General de Justicia del Estado y el Poder Judicial», señala
el documento. Asimismo, añade que la resolución judicial deberá continuar «con estricto
apego a la legalidad, al debido proceso y a la búsqueda de la verdad, garantizando el
acceso a la justicia para la víctima y su familia».
El caso de Dafne ha generado una amplia atención pública desde que la adolescente perdió
la vida tras participar en actividades organizadas por la institución privada. Las
investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas derivaron inicialmente en
la detención de Danna Yanina «N», quien fue presentada como una de las primeras
personas imputadas. Posteriormente, la autoridad judicial giró órdenes de aprehensión
contra Jorge «N» y Estrellita «N», quienes enfrentan por separado su audiencia inicial dentro
del mismo proceso penal.
Durante las audiencias celebradas en el Centro Integral de Justicia de Altamira, el Ministerio
Público presentó datos de prueba para sustentar la probable participación de los imputados,
mientras las defensas argumentaron versiones distintas sobre los hechos y solicitaron la
ampliación del plazo constitucional para ofrecer pruebas y testimonios. El procedimiento
continúa bajo las reglas establecidas por el Código Nacional de Procedimientos Penales, sin
que ello implique una sentencia definitiva sobre la responsabilidad penal de los acusados.

En su comunicado, el Ayuntamiento evitó pronunciarse sobre la culpabilidad de personas
específicas y enfatizó la necesidad de respetar las competencias de las autoridades
encargadas de la investigación.
«Confiamos en que las instituciones responsables actuarán con profesionalismo,
imparcialidad y sensibilidad para esclarecer plenamente los hechos y, en su caso, sancionar
conforme a derecho a quienes resulten responsables», sostuvo.
El gobierno municipal también informó que, dentro de sus atribuciones legales, tanto el
Ayuntamiento como el Sistema DIF Ciudad Madero han brindado acompañamiento
institucional a la familia de la víctima, ofreciendo el apoyo que corresponda desde una
perspectiva de atención integral y respeto a los derechos humanos.
Más allá del desarrollo judicial, el comunicado incorpora un llamado para fortalecer la
supervisión de todas las instituciones donde niñas, niños y adolescentes reciben formación,
capacitación o participan en actividades extracurriculares.
La administración municipal coincidió con la postura expresada por el Gobierno Federal
respecto a la necesidad de reforzar los mecanismos de regulación y vigilancia de estos
espacios, señalando que cualquier institución que tenga bajo su cuidado a menores de edad
debe garantizar plenamente su integridad física y emocional. Asimismo, subrayó que,
cuando existan indicios de conductas ilícitas o violaciones a derechos humanos, éstas
deben investigarse y sancionarse conforme al marco jurídico vigente.
El documento concluye con un mensaje dirigido a la sociedad en su conjunto, al advertir que
el caso representa un llamado a redoblar los esfuerzos para prevenir cualquier forma de
violencia contra la infancia y la adolescencia.
«Como autoridades, reafirmamos nuestro compromiso de seguir impulsando acciones de
prevención, protección y atención integral, colocando siempre en el centro el interés
superior de niñas, niños y adolescentes», expresó el Gobierno de Ciudad Madero.
Mientras el proceso judicial continúa y aún restan etapas procesales para determinar las
responsabilidades penales de todos los involucrados, el caso de Dafne se ha convertido en
un referente nacional sobre la supervisión de instituciones privadas dedicadas a la
formación de menores y sobre la obligación del Estado de garantizar entornos seguros para
la niñez. El pronunciamiento del Ayuntamiento representa, hasta ahora, la postura
institucional más amplia emitida por el gobierno municipal desde el inicio de una
investigación que mantiene la atención pública y cuyo desenlace aún dependerá de las
resoluciones definitivas del Poder Judicial.