Francisco Medina Guerrero
CIUDAD VICTORIA.- El Gobierno de Tamaulipas, a través de la Dirección de Notarías, mantiene bajo investigación administrativa 41 quejas interpuestas contra notarios públicos de diversos municipios del estado, procesos que podrían culminar en la pérdida del ejercicio de su función.
Jorge Luis Beas Gámez, subsecretario de Legalidad y Servicios Gubernamentales, detalló que estos expedientes se integran actualmente por señalamientos ciudadanos que van desde trámites tardíos o deficientes hasta presuntas actuaciones ilegales.
«Los 41 (casos) son de todos los municipios del Estado. Si hay una persona en Nuevo Laredo o cualquier otra ciudad que considere que el trámite ante un notario ha sido ilegal o deficiente, puede comparecer a la Dirección de Notarías y presentar su queja», explicó el funcionario.
Aunque los procedimientos que encabeza la Secretaría General de Gobierno son estrictamente administrativos, Beas Gámez aclaró que la autoridad tiene la obligación de dar vista a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) si se detectan conductas constitutivas de delito. De hecho, confirmó que ya existen carpetas de investigación vigentes en la Fiscalía impulsadas por denuncias directas de ciudadanos afectados.
El subsecretario enfatizó que el proceso garantiza el derecho de audiencia para los fedatarios. La Secretaría General de Gobierno notifica a los implicados sobre la presunta falta, permitiéndoles ofrecer pruebas para desvirtuar las acusaciones.
«Si el notario demuestra que la ilegalidad no existió, se emite una resolución donde se establece que no procede la cancelación del Fiat o de la patente», puntualizó.
Sobre el tiempo de resolución de estos casos, Beas Gámez señaló que no hay un plazo fijo, pues depende de la complejidad de las promociones presentadas tanto por el afectado como por el notario.
Finalmente, reiteró que la instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya es que el Estado sea garante de la función notarial. «Los ciudadanos tienen el derecho y nosotros la obligación de garantizar que esta función de orden público se preste por personas capaces, honestas y preparadas», concluyó.
