Por: José Medina/ 11 de noviembre 2026

Victoria, Tamaulipas.— La diputada Blanca Aurelia Anzaldúa Nájera, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA en la Legislatura 66 del Congreso de Tamaulipas, presentó una iniciativa para establecer mecanismos de acopio de medicamentos caducos o sobrantes de los hogares, así como de radiografías en desuso, con el propósito de prevenir riesgos para la salud pública y el medio ambiente.

La propuesta plantea adicionar el artículo 122 Bis al Código para el Desarrollo Sustentable del Estado de Tamaulipas, a fin de que la Secretaría correspondiente, en coordinación con la Secretaría de Salud, los ayuntamientos y los sectores social y privado, promueva la instalación y difusión de puntos de recepción accesibles para la ciudadanía.

Entre las acciones contempladas se encuentran la realización periódica de campañas informativas y jornadas de recolección, así como el establecimiento de mecanismos para la recepción, almacenamiento temporal, traslado y entrega de estos materiales a prestadores autorizados, conforme a las disposiciones sanitarias y ambientales vigentes.

En el caso de las radiografías, la iniciativa también considera su posible aprovechamiento o reciclaje, siempre que sea técnica y legalmente procedente, garantizando previamente la protección de los datos personales y la confidencialidad de la información que pudieran contener.

Asimismo, se propone llevar un registro de las cantidades recolectadas y dar seguimiento a su entrega y destino final, con el objetivo de evaluar los resultados de las acciones implementadas.

En su exposición de motivos, la legisladora señaló que es común que los hogares conserven medicamentos caducos o sobrantes de tratamientos médicos, los cuales pueden terminar mezclados con la basura doméstica ante la falta de información sobre su disposición adecuada. Una situación similar ocurre con las radiografías que dejan de utilizarse.

Cabe señalar, que la propuesta establece que las acciones deberán realizarse conforme a las atribuciones de cada autoridad, la legislación aplicable y la disponibilidad presupuestaria, privilegiando el aprovechamiento de programas e infraestructura existentes para evitar duplicidad de funciones.