Golpe a golpe

Por Juan Sánchez Mendoza

El manejo ordenado de los recursos públicos no solamente representa una obligación de cualquier gobierno, sino también una condición indispensable para garantizar el desarrollo económico, la estabilidad financiera y la atención a las necesidades sociales.

Por eso, cuando el erario se ejerce con responsabilidad, transparencia y disciplina, los resultados pueden reflejarse en mejores indicadores económicos y, particularmente, en una mayor confianza de las instituciones financieras.

En ese contexto, Tamaulipas obtuvo una mejora en su calificación crediticia, al pasar de HR A+ a HR AA-, con perspectiva estable, de acuerdo con la evaluación de octubre de 2026 de HR Ratings. Se trata de un avance que merece atención porque representa un reconocimiento a la evolución de las finanzas estatales y a la capacidad del gobierno encabezado por Américo Villarreal Anaya para cumplir oportunamente con sus compromisos financieros.

No es un asunto menor. Una mejor calificación crediticia significa que la entidad representa un riesgo menor para sus acreedores y dispone de mejores condiciones para enfrentar sus obligaciones. Sin embargo, más allá del reconocimiento de una calificadora, lo verdaderamente importante es que el saneamiento financiero se traduzca en beneficios concretos para la población.

Los indicadores presentados por HR Ratings ofrecen elementos para valorar esa evolución. Durante 2025, Tamaulipas registró un superávit primario equivalente al 3.3% de sus ingresos totales; es decir, antes de considerar el costo financiero de la deuda, los ingresos superaron los gastos. A ello se sumó un crecimiento de 4.8% en los ingresos de libre disposición, impulsado por una mayor recaudación de impuestos y derechos, así como por el incremento de las participaciones federales.

Otro dato significativo es la reducción de la deuda neta ajustada, que pasó de representar el 39.4% al 35.3% de los ingresos de libre disposición. Asimismo, durante ese ejercicio no se recurrió a financiamiento de corto plazo, mientras que el gasto en obra pública aumentó 7.1 por ciento respecto a 2024.

Estas cifras permiten identificar una política de mayor disciplina presupuestaria, particularmente por la reducción del gasto corriente y el fortalecimiento de los ingresos propios. En otras palabras, no solamente se trata de gastar menos, sino de administrar mejor, recaudar con mayor eficiencia y procurar que los recursos disponibles alcancen para atender las prioridades públicas.

La evolución de las calificaciones también resulta relevante, puesto que Tamaulipas pasó de una posición menos favorable, reflejada en la evaluación BBB+ de Fitch, a niveles superiores, mientras que HR Ratings elevó su valoración hasta AA-. y Moody’s y Verum, por su parte, mantienen sus respectivas evaluaciones en A y A+. Esta trayectoria constituye una señal favorable, aunque obliga a mantener la disciplina para evitar retrocesos.

En materia económica, los resultados tampoco son desdeñables. De acuerdo con cifras del INEGI, la entidad registró un crecimiento promedio anual de 2.12% entre el segundo trimestre de 2023 y el primero de 2026, ubicándose en el cuarto lugar nacional. Durante el primer trimestre de este último año, el crecimiento fue de 5.2% respecto al mismo periodo de 2025, el segundo mayor avance del país.

Al referirse a estos resultados, el gobernador Américo Villarreal Anaya sostuvo que su administración va por el camino correcto y convocó a reforzar el trabajo interinstitucional en beneficio de las próximas generaciones.

La afirmación tiene sustento en los indicadores financieros, pero también implica una responsabilidad mayor: conservar el equilibrio presupuestario, fortalecer la transparencia y evitar que el endeudamiento vuelva a convertirse en una salida recurrente para financiar el gasto gubernamental.

Sobre todo, porque una buena calificación crediticia no constituye, por sí misma, una garantía de bienestar. El verdadero éxito de una administración se mide también por la calidad de los servicios públicos, la seguridad, la infraestructura carretera, las condiciones de las escuelas y la capacidad de responder a las demandas ciudadanas.

Por ello, el reto para el gobierno tamaulipeco, a través de la Secretaría de Finanzas, encabezada por Carlos Irán Ramírez González, consiste en sostener esta tendencia y demostrar que el orden financiero no es solamente un reconocimiento de las calificadoras, sino una práctica permanente de gobierno.

Al final, cuidar el dinero público significa respetar el esfuerzo de los contribuyentes. Y sanear las finanzas no debe ser un propósito de carácter administrativo ni una cifra para presumir. Debe convertirse en inversión productiva, mejores servicios y oportunidades para los tamaulipecos. Esa es la verdadera medida de una administración responsable.

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