Por: Luis Enrique Arreola Vidal.
Guadalupe Taddei Zavala no puede permanecer un día más en libertad.
La renuncia que presentó al Instituto Nacional Electoral no fue un acto de responsabilidad institucional: fue el último movimiento de quien percibe que la red que operó bajo su mando está a punto de quedar expuesta sin salvaguardas.
La Fiscalía General de la República tiene la obligación de solicitar de inmediato su detención.
Cualquier dilación será, a estas alturas, una forma de protección.
Lo que se ha documentado no admite la ambigüedad con la que se pretende rodear el caso.
Latinus, Reforma y El Universal publicaron fotografías, videos y registros mercantiles que vinculan a Taddei y a personas de su entorno familiar y personal con el empresario José Alfredo Hernández Casillas y con el grupo de empresas que incluye a Cajas Graf y Corporativo ZEG.
Uno de sus hijos aparece en un video en una habitación de lujo en París junto al mismo proveedor.
Funcionarios y choferes de su confianza figuraron como apoderados o representantes legales de compañías que recibieron contratos multimillonarios del INE y de organismos electorales locales.
El Órgano Interno de Control del Instituto investiga a 15 funcionarios y exfuncionarios, ocho particulares y 18 empresas.
La Auditoría Superior de la Federación abrió de oficio una indagatoria por conflictos de interés, colusión y triangulación de recursos.
La Unidad de Inteligencia Financiera revisa operaciones.
El 27 de octubre, el PAN presentó una denuncia penal ante la FGR por uso ilícito de atribuciones y facultades, ejercicio abusivo de funciones, cohecho, peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. Calcula un daño patrimonial cercano a los 1,600 millones de pesos.
Otras estimaciones periodísticas sitúan los contratos cuestionados por encima de los 1,000 millones. Esas cifras deben auditarse. Pero la existencia de la red, de las adjudicaciones, de las relaciones personales y de las investigaciones administrativas ya abiertas no es un debate abierto: es un hecho establecido.
La FGR no puede limitarse a abrir una carpeta y dejar que el tiempo haga el trabajo que le corresponde.
Cada hora que pasa aumenta el riesgo de que se dispersen documentos, se muevan recursos o se alejen testigos. Ya existen indicios de viajes internacionales del entorno de Taddei. La renuncia al cargo no extingue la responsabilidad penal por actos cometidos en el ejercicio de las funciones.
El artículo 16 constitucional y el Código Nacional de Procedimientos Penales exigen datos que establezcan la existencia del hecho y la probabilidad de participación, además de la necesidad de cautela.
Esos elementos están sobre la mesa. La Fiscalía debe solicitar de inmediato al juez de control la orden de aprehensión y las medidas para impedir que Taddei salga del país.
Si se reúnen los requisitos —y todo indica que se están reuniendo—, la detención no es una opción política. Es una obligación jurídica.
No se trata de linchamiento. Se trata de impedir que el mayor escándalo de corrupción que ha enfrentado el órgano electoral en décadas se convierta en otro caso de impunidad selectiva.
México está en pleno proceso electoral 2026-2027. El árbitro que debe organizar esas elecciones no puede quedar bajo la sombra de una red de contratistas, funcionarios y familiares sin consecuencias penales.
La presunción de inocencia no es un escudo para seguir libre mientras se investigan peculado, cohecho y asociación delictuosa.
Es un derecho que se ejerce dentro del proceso, no fuera de él.
La FGR debe ordenar la detención inmediata de Guadalupe Taddei. Debe asegurar las pruebas, rastrear el dinero y poner a la expresidenta del INE a disposición de un juez antes de que sea demasiado tarde.
Cualquier dilación será leída, con razón, como protección. El país no puede permitirse que quien estuvo al frente de la institución encargada de vigilar la legalidad de las elecciones escape de la justicia por la puerta de atrás de una renuncia.
