*El subdirector del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas asegura que la pensión universal es un derecho, no una dádiva.
Por Julio Manuel Loya Guzmán.
Reynosa, Tamaulipas.— El subdirector del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Brandon Lara Montesinos, rechazó las críticas que califican los programas sociales como un «regalo» del Gobierno y afirmó que la pensión para adultos mayores es un derecho adquirido tras años de exclusión.
El funcionario sostuvo que, durante décadas, millones de campesinos, amas de casa, albañiles y trabajadores informales quedaron fuera del sistema de pensiones, pese a haber contribuido al desarrollo del país.
Asimismo, aseguró que esa situación comenzó a cambiar con la creación de la pensión universal para personas de 65 años y más durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, la cual —recordó— quedó protegida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Lara Montesinos señaló que más de 11 millones de adultos mayores reciben actualmente este apoyo de manera directa. Además, destacó que el presupuesto del programa pasó de 39 mil millones de pesos en 2018 a más de 465 mil millones en 2024.
Explicó que estos recursos impulsan el consumo en comunidades y pequeños comercios, por lo que representan una inversión social y no un gasto.
El subdirector añadió que, bajo la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum, los programas sociales continuarán fortaleciéndose en todo el país.
Aunque consideró legítimo debatir el financiamiento, la transparencia y los resultados de estos apoyos, afirmó que no es válido descalificar a quienes los reciben ni promover un discurso de rechazo hacia los beneficiarios.
Finalmente, concluyó que las pensiones representan un acto de justicia y reconocimiento para generaciones de mexicanos que trabajaron durante décadas sin acceso a la seguridad social.
