El Patinadero
Juan Antonio Montoya Báez
Las corporaciones de tránsito siempre navegan en las turbulentas aguas de la polémica, las opiniones sobre sus operativos caminan de la mano con severas acusaciones de corrupción; una epidemia que lacera a todo el país.
¿Quién no ha sido víctima de un asalto con placa o de una extorsión vial al viajar a otra entidad con matrícula de Tamaulipas, o viceversa? El acoso es descarado contra los paisanos y los automovilistas que están de paso o disfrutan de sus vacaciones en nuestras ciudades.
Cuando se creó la Guardia de Tránsito Estatal, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, el discurso oficial prometió que vendrían a coadyuvar con los municipios de Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, El Mante, Tampico, Altamira, Ciudad Madero y Ciudad Victoria en la implementación de operativos de radar, carrusel y uso del cinturón, además de blindar las carreteras.
En teoría, el plan sonaba impecable; en la práctica, desde el primer minuto advertimos que el invento tenía fines meramente recaudatorios y que se convertiría en una licencia institucional para extorsionar.
Cientos de automovilistas —por no decir miles— han caído en las garras de Tránsito Estatal, sus presas preferidas son los conductores de vehículos con placas americanas, los paisanos y los visitantes de otros estados.
A la par, en las administraciones municipales se activó recientemente una cacería contra los motociclistas. Si bien la medida fue aplaudida por quienes buscan orden, para otros se tradujo en una ola de abusos cometidos por los agentes viales en complicidad con elementos policiacos estatales.
La presión social obligó a las autoridades a otorgar un periodo de gracia para que los motociclistas regularicen sus trámites, sin embargo, el daño ya está hecho: la voracidad en el corralón mantiene a cientos de unidades secuestradas en las delegaciones de tránsito porque sus propietarios, pertenecientes a los sectores más vulnerables, simplemente no tienen los tres mil pesos que les exigen de golpe para poder emplacar.
En Ciudad Victoria, las denuncias por corrupción y atropellos en los operativos antialcohol llegaron al límite de la tolerancia, nadie en su sano juicio se opone a que se meta en cintura a los cafres que manejan alcoholizados, pero la nobleza de la causa se corrompe por la rapacidad de los agentes.
Abundan testimonios de ciudadanos sobrios a los que obligan a soplar repetidamente en el alcoholímetro hasta que el aparato arroje un positivo artificial, con el único fin de recetarles una multa impagable o exigir el moche correspondiente. Lo más infame es la modernización de su modus operandi: ahora exigen transferencias electrónicas a tarjetas de Spin de Oxxo para complicar el rastreo financiero de sus fechorías.
Ante este descontento generalizado y la lluvia de quejas, el alcalde Eduardo Gattás Báez decidió escuchar a los victorenses y frenar los abusos. El sábado, en un operativo sorpresa que descolocó a los oficiales en la Calzada Luis Caballero, el edil acudió personalmente a supervisar el protocolo de revisión, el trato a los ciudadanos y las condiciones de higiene del dispositivo de medición.
Al alcalde lo acompañó el secretario del Ayuntamiento, Hugo Reséndez Silva, cayéndoles de sorpresa a los agentes en plena jornada.
El actual director de Tránsito, Javier Córdova, fue impuesto desde la estructura del Gobierno del Estado, lo que genera marcadas diferencias y fricciones con la autoridad municipal.
El funcionario estatal suele actuar de una manera autónoma que incomoda y desafía la línea del jefe de la comuna. Al respecto, Eduardo Gattás Báez fue contundente y advirtió:
—Hay muchas quejas, y no porque no hayamos puesto nosotros al director de Tránsito Municipal vamos a permitir este tipo de atropellos. Al ser la capital del estado, por ley la designación del titular no corresponde al alcalde y la administración municipal no opera directamente el dispositivo, pero respetando ese nombramiento, como autoridad y a través de la Comisión de Honor y Justicia, tengo la facultad absoluta de dar de baja a los elementos ante cualquier acto de abuso o corrupción, y si hay un delito, denunciarlos ante las autoridades competentes.
Mantener las uñas cortas requiere la vigilancia permanente del ayuntamiento, los ojos bien abiertos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y oídos limpios para atender el clamor ciudadano.
Hay divorcios políticos que resultan higiénicos y necesarios, y el de Tránsito Municipal urge consumarse porque el costo político de sus corruptelas se lo cargan injustamente a la alcaldía. La enérgica intervención de Lalo es en beneficio de la ciudadanía, pero también representa un acto de legítima defensa propia; el gobierno local no tiene por qué cargar con pulgas y garrapatas ajenas. Como dice el viejo corrido: a los tránsitos les cayó la ley.
Bueno, por hoy es todo.
Adiós y aguas con los patinazos…
Contacto:
[email protected]
