Nota Tamaulipas

Ya se volvió una costumbre que el presidente López Obrador amague a los jueces que otorgan amparos o suspensiones en contra de sus decisiones políticas, como ocurrió el pasado lunes cuando ordenó investigar al juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, Martín Adolfo Santos Pérez, quien emitió una sentencia para que deje de hablar de la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz en sus conferencias mañaneras o en eventos públicos, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) admitiera que el tabasqueño ha cometido en forma reiterada violencia de género en contra de la legisladora tlaxcalteca.

López Obrador no pudo ocultar el enojo que le causó la orden del juez Santos Pérez por lo que le envió una carta en donde describe los fallos que ha emitido en contra de sus decisiones políticas, como cuando difundió información reservada de las empresas de la senadora Gálvez Ruiz sustraída del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En la carta, López Obrador también reveló que el juez Santos Pérez otorgó una suspensión a Joaquín Guzmán Loera para no ser extraditado a los Estados Unidos, pero se le olvidó mencionar que él se ha reunido en varias ocasiones con la mamá de “El Chapo” en Sinaloa, incluso se ha echado un taco con familiares y secuaces del Jefe del Cártel del Golfo.

Cabe destacar que el Jefe del Ejecutivo Federal utilizó en cada uno de los párrafos de su carta la frase amenazante o intimidatoria: “fue usted”; como cuando expresó que: “fue usted quien quiso impedir que las Fuerzas Armadas participen en labores de seguridad pública hasta el 2024, durante un proceso de conformación de la Guardia Nacional.

Otro de los párrafos de la carta de López Obrador que llama la atención es el que a continuación expongo en forma textual: “Ya sé que ustedes, los supuestos defensores de la ley se escudan en el llamado Estado de Derecho, que no es más que un -estado chueco-, y que la justicia no les importa; sin embargo, para nosotros el fin principal es desterrar la corrupción y conseguir la felicidad del pueblo. Y llama la atención porque se nota el desprecio que tiene por los jueces que se atreven a aplicar la ley en contra de sus decisiones políticas.

Antes de concluir su carta, López Obrador le avisa al juez Santos Pérez que el escrito lo va a enviar al Consejo de la Judicatura para que sea investigado por su conducta supuestamente deshonesta, sin embargo, el tabasqueño se va a topar con pared porque precisamente la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, está a cargo de este organismo del Poder Judicial de la Federación.

El juez Santos Pérez no ha sido el único que ha sufrido el amago del Jefe del Ejecutivo Federal, puesto que también la juez Karla María Macías Lobera fue criticada en noviembre del año pasado por otorgar una suspensión definitiva que frenó la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que pretendía realizar el tabasqueño con el argumento de mejorar la seguridad pública en todo el país.

En julio del 2022, López Obrador amagó al juez Especializado en Competencia Económica, Ramón Lozano Bernal, por otorgar una suspensión definitiva en contra de la multa de 9 mil millones de pesos que le impuso la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a la empresa española Iberdrola.

De igual forma, el juez Francisco Javier Rebolledo Peña fue amagado por el político tabasqueño luego de emitir una suspensión provisional para frenar la aplicación del nuevo plan de estudios de la Secretaría de Educación Pública (SEP), así como también el juez del Primer Distrito Judicial de Yucatán, Adrián Novelo Pérez, fue amenazado con una investigación por suspender los trabajos del tramo 5 del Tren Maya ante la destrucción de la flora y la fauna.

Como se puede constatar, todo aquel juez que se atreva a otorgar una suspensión o un amparo en contra de alguna decisión política de López Obrador será expuesto al escarnio, puesto que el Jefe del Ejecutivo Federal no tolera que nada ni nadie se oponga a sus designios.

En otro tema, el coordinador de la fracción del PRI, Edgardo Melhem Salinas tiene mucha razón en convocar a los legisladores del PAN y de Morena a buscar una negociación para sacar adelante las reformas pendientes durante el último año de la LXV Legislatura Local.

Los constantes enfrentamientos entre los legisladores del PAN y de Morena impiden que existan acuerdos para sacar adelante el quehacer legislativo, puesto que en la actualidad se la pasan “pateando un bote”, como se puede constatar en el exhorto que hizo el diputado Eliphaleth Gómez Lozano de Morena, para que los 43 municipios expidan un reglamento en materia de cultura cívica.

Si bien es cierto que la cultura cívica resulta importante para la convivencia de la sociedad tamaulipeca, hay otras iniciativas de mayor trascendencia, como es el caso de la Ley de Voluntad Anticipada para que se establezcan los derechos de los enfermos en fase terminal.

También urge sacar adelante la reforma de la Ley Ganadera por el impacto económico y social que tendrá entre los productores agropecuarios de la entidad, en lugar de promover la instalación de “techos verdes” para mitigar los efectos del cambio climático, sobre todo cuando hay prioridades que se deben atender en el Congreso Local.

Por último, el vocero de la Secretaría de Seguridad Pública, Jorge Cuellar Montoya, tiene mala suerte porque cuando convoca a conferencia de prensa para decir que todo va muy bien, incluso que se ha reducido la violencia en la entidad, ocurren hechos sangrientos que le tapan la boca, como los ocurridos recientemente en Río Bravo y en Miguel Alemán.

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