CONFIDENCIAL

Por ROGELIO RODRÍGUEZ MENDOZA

Con el voto en contra del PAN, el Congreso de Tamaulipas aprobó este martes reciente una reforma para frenar las llamadas “denuncias frívolas” contra funcionarios públicos, aunque podría terminar declarada inconstitucional por contradecir disposiciones federales.Para justificar la acción legislativa, los diputados locales argumentaron la necesidad de evitar investigaciones inútiles, mejorar la calidad de las denuncias y hacer más eficientes los procedimientos administrativos, sin eliminar la posibilidad de denunciar anónimamente.Originalmente, hay que decirlo, el diputado morenista, Isidro Vargas Fernández, proponía eliminar el anonimato, pero las comisiones legislativas rechazaron esa propuesta y a cambio optaron por incorporar nuevas reglas para la presentación y atención de las denuncias.El pretexto central al que se recurrió es que existen denuncias presentadas sin elementos suficientes para investigar, algunas incluso con la simple intención de perjudicar a los funcionarios señalados, lo que obliga a las autoridades a destinar tiempo y recursos.Hasta ahí, la intención parece razonable. Entendible. Justificable El problema es que, al intentar corregir esos abusos, los legisladores podrían haber rebasado los límites que les impone la Constitución. Y ese pequeño detalle amenaza con echar abajo la reforma.El joven y prestigiado abogado, Arnoldo Huerta, explica al respecto que el Congreso de la Unión tiene la facultad de establecer las bases generales en materia de responsabilidades administrativas, por lo que los estados no pueden aprobar disposiciones que las contradigan.Y eso hizo precisamente la legislatura local.“El problema no está en el propósito de la iniciativa, sino en que los diputados locales aprobaron disposiciones que contradicen las reglas establecidas para todo el país”, advierte el especialista.Huerta detalla que existe una Ley General de Responsabilidades Administrativas que establece reglas obligatorias para todo México. Es decir, los congresos estatales pueden legislar sobre el tema, pero no modificar esas bases nacionales a su conveniencia.De hecho, recuerda Huerta, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha resuelto casos similares en otras entidades, estableciendo límites a los congresos locales cuando pretenden cambiar disposiciones del régimen nacional de responsabilidades administrativas.Ahí aparece el principal problema de la reforma tamaulipeca. Aunque las comisiones defendieron conservar el anonimato, paradójicamente el texto aprobado exige nombre, nacionalidad, ocupación y domicilio del denunciante, bajo la advertencia de desechar su queja.Bajo esta situación la pregunta obligada es : ¿Se eliminó o no se eliminó el anonimato? Porque pareciera que sí.La contradicción surge porque el artículo 91 de la legislación federal permite expresamente las denuncias anónimas, mientras que la disposición estatal introduce requisitos de identificación que podrían impedirlas.El origen de la controversia está en la palabra “podrán”, utilizada por la ley federal. La iniciativa aprobada por el Congreso local interpretó esa expresión como una posibilidad de que los estados podían regular de manera distinta. Lo cual obviamente no es así.Huerta explica que la palabra “podrán” reconoce una opción para el ciudadano que denuncia, no una facultad para que la autoridad determine si acepta o no denuncias anónimas. Ahí está el “meollo” del asunto.Lo curioso de todo es que los diputados fueron advertidos del problema. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno señaló que eliminar el anonimato era jurídicamente inviable, observación que las propias comisiones reconocieron en su dictamen.Sin embargo, a pesar de ello, el artículo modificado por la legislatura local conserva requisitos de identificación cuya aplicación podría entrar en conflicto con la legislación nacional.Por supuesto que deben existir mecanismos para impedir acusaciones falsas y evitar investigaciones sin fundamento. Nadie discute eso. Pero combatir esos abusos tampoco puede ser justificación para desconocer las reglas establecidas para todo el país.Por eso, de llegar a los tribunales, la reforma enfrenta un riesgo serio de terminar declarada inconstitucional.Sería preferible corregirla oportunamente, porque una buena intención no basta cuando la Constitución establece límites que deben respetarse.¿O no?EL RESTO.A pesar de todo, nosotros hemos insistido en que Isidro Vargas Fernández es, con mucho, uno de los mejores diputados que tuvo la anterior legislatura local y la actual.El matamorense, (igual que su compañero de partido, Armando Zertuche Zuani) argumenta y defiende muy bien sus participaciones en tribuna, y la mayoría de sus iniciativas tienen sentido y viabilidad. Casi siempre son iniciativas que buscan resolver una problemática social. No son ocurrencias.Sin duda, podría ser un buen legislador federal.LA AUTONOMÍA NO SE NEGOCIAA casi 60 años de conquistar su autonomía, la UAT tiene motivos para presumir. Su crecimiento académico y estudiantil refleja una institución que avanza.Buena parte de ese avance responde a una autonomía bien aprovechada. El rector Dámaso Anaya ha entendido que gobernarse libremente también implica servir a Tamaulipas.Porque la autonomía no solamente permite decidir el rumbo universitario. También obliga a defenderlo de intromisiones gubernamentales, partidistas o de cualquier grupo con intereses particulares.ASÍ ANDAN LAS COSAS.[email protected]