Por José Gregorio Aguilar
Jueves 29 de octubre del 2026
La presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, Tania Gisela Contreras López, afirmó que la liberación de Jorge Fernández González, quien permaneció casi nueve años en prisión por el feminicidio de la ciudadana española María del Pilar Garrido Santamans, obedeció a una resolución federal que determinó la insuficiencia de las pruebas presentadas por la Fiscalía para sostener la condena.
La magistrada explicó que existe una determinación de un tribunal colegiado federal que ordenó a la Sala Colegiada Penal del Poder Judicial de Tamaulipas realizar una nueva revisión del caso, particularmente respecto de los elementos probatorios y argumentos aportados por la representación social durante el proceso.
Derivado de ese nuevo análisis, señaló, se concluyó que no existían los elementos necesarios para continuar sosteniendo la responsabilidad penal de la persona imputada, por lo que se notificó al Tribunal de Enjuiciamiento para ejecutar la orden de libertad.
«En este análisis es que se determina que no existe el contexto necesario como para continuar sosteniendo la responsabilidad de la persona que fue imputada», indicó.
Contreras López precisó que la resolución no establece ni declara la inocencia de Jorge Fernández, sino que determina que las pruebas aportadas por la Fiscalía resultaron insuficientes para mantener la sentencia condenatoria por feminicidio dictada en su momento.
Recordó que los hechos ocurrieron en 2017 y que durante la revisión integral ordenada por la justicia federal se valoró nuevamente todo el material probatorio incorporado al expediente.
«La resolución de la sala determina que es insuficiente el material probatorio que aportó en su momento la Fiscalía», expresó.
La presidenta del Poder Judicial reconoció que se trata de un asunto sensible por la existencia de una víctima y de familiares que continúan exigiendo justicia; sin embargo, sostuvo que los tribunales no pueden mantener una condena cuando las evidencias no resultan suficientes para acreditar la responsabilidad penal de una persona.
Asimismo, explicó que la liberación fue resultado de una serie de recursos promovidos por la defensa durante varios años, los cuales concluyeron con la intervención del tribunal federal que ordenó una nueva valoración de las pruebas bajo parámetros específicos.
Al ser cuestionada sobre si el caso podría derivar en nuevas líneas de investigación o eventuales imputaciones contra otras personas, señaló que corresponderá a las autoridades competentes determinar si existen elementos para continuar las indagatorias y ejercer nuevas acciones penales.
Respecto a la posibilidad de que Jorge Fernández demande al Estado mexicano tras haber permanecido años en prisión y obtener una resolución favorable, Contreras López señaló que se trata de un derecho previsto tanto en la Constitución como en los principios de justicia, además de que cualquier actuación indebida de instituciones o servidores públicos puede generar responsabilidades conforme a la ley.
El caso de María del Pilar Garrido fue uno de los procesos penales más mediáticos en Tamaulipas durante la última década. La ciudadana española desapareció en julio de 2017 cuando viajaba junto a su esposo e hijo por la carretera entre Soto la Marina y ciudad Victoria. Semanas después sus restos fueron localizados, dando origen a una investigación que concluyó con la acusación y posterior condena de Jorge Fernández, sentencia que ahora ha quedado sin efecto tras la intervención de la justicia federal.
