El Patinadero
Juan Antonio Montoya Báez
Finalmente, la cuerda se reventó por lo más delgado y la presión política terminó por devorar la resistencia institucional, en un auténtico bombazo dominical, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei Zavala, se vio obligada a anunciar su renuncia definitiva, un divorcio que se formalizará este lunes 26 de octubre de 2026 ante la Cámara de Diputados.
Taddei ya no pudo estirar más la liga ni sostener el cinismo, por lo que su aparatosa caída se consuma en medio de un espeso fango de escándalos por presunta corrupción, conflictos de interés y una descarada triangulación de recursos públicos mediante la asignación de contratos en el órgano electoral.
La estocada final llegó cuando la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) decidieron abrir indagatorias de oficio sobre las licitaciones otorgadas a empresas consentidas de material electoral.
Para que el público se deleitara con el nivel de la «transformación» del arbitraje, se difundieron videos y grabaciones que exhibían a la consejera y a su propia familia disfrutando de la fastuosa hospitalidad del empresario José Alfredo Hernández Casillas, el feliz dueño de las compañías Corporativo Zeg y Cajas Graf, firmas sospechosamente bendecidas con contratos millonarios.
En el colmo de los descaros, los sabuesos fiscales descubrieron que hasta el chofer personal de Taddei aparecía registrado mágicamente como el apoderado legal de una de las principales empresas proveedoras del instituto. Todo un genio del emprendimiento corporativo al volante.
Aunque Guadalupe Taddei juraba hace unos días que no abandonaría el barco, el inminente anuncio de una auditoría total y la presión coordinada de las bancadas de oposición la hicieron cambiar de opinión.
En su pulcra carta de despedida, la funcionaria intentó defenderse calificando las pruebas de meros «montajes y filtraciones» mediáticas, argumentando la clásica retórica de que su dimisión busca estrictamente «proteger la credibilidad del Instituto» de cara al proceso electoral de 2027.
Tras confirmarse el portazo, el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila, activó de inmediato la ruta constitucional para procesar la vacante definitiva, abriendo un boquete en el arbitraje federal. Al final, Taddei se marcha cobijada por el manto sagrado de la impunidad que tanto impera en estos tiempos, donde los saqueos evidentes se perdonan con una renuncia tersa y sin que exista un verdadero castigo penal para los infractores.
Esa misma mecánica del olvido y la disimulación la conocemos de memoria en tierras tamaulipecas. En la actual administración estatal, Raúl Hernández Chavarría fue uno de los primeros titulares de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), donde le entregaron la solemne encomienda de rastrear el manejo de recursos de los exfuncionarios del pasado cabecista y, se suponía, vigilar también las manos del presente.
Hernández Chavarría montó su búnker de operaciones en el Hotel Hacienda Escondida de la capital, donde junto a varios ministerios públicos se dedicó a arrastrar el lápiz e integrar carpetas de investigación repletas de pruebas para darles forma a las denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
El problema es que lo que Raúl encontró en esos expedientes superó cualquier expectativa, no solo halló las profundas huellas del saqueo de los panistas, sino que se topó de frente con sorprendentes milagros financieros perpetrados por varios funcionarios de la actual administración estatal.
Estos nuevos burócratas demostraron que no les gusta servirse con la cuchara grande; esa la hicieron a un lado porque prefirieron inaugurar la era del «cucharón presupuestal».
Como era de esperarse en el guion de la complicidad, la honestidad terminó costando cara: Raúl Hernández Chavarría no presentó ninguna denuncia contra los nuevos ricos y fue fulminantemente despedido de la UIF estatal sin una justificación congruente, maquillando su salida con supuestos asuntos de índole estrictamente personal.
En ese pasado reciente, una buena camada de funcionarios estatales fue cesada de sus cargos en medio de un mar de rumores que apuntaban directo al uso desmedido del cucharón. Lo tétrico del asunto es que en lugar de abrirles carpetas penales para que devuelvan lo robado, algunos fueron premiados con reacomodos plácidos en otras áreas de la estructura; mientras que otros se dan el lujo de sabotear al gobierno del que fueron echados.
Hay un pillo que opera en las sombras, maneja tras bambalinas la agenda de al menos uno de los secretarios actuales mientras busca acomodo urgente en los equipos de los aspirantes rumbo al 2027 y 2028.
Probaron el dinero público y les encantó; por eso se resisten a alejarse del corazón de las finanzas. Al igual que ocurre con Taddei en la capital del país, aquí la corrupción gubernamental no se castiga, se ignora, se archiva y se perdona, cansando a una ciudadanía que sigue esperando el freno definitivo al enriquecimiento ilícito de la burocracia, parece que la constante necesita una variante.
Bueno, por hoy es todo.
El Patinazo… miren que nombrar al chofer como apoderado del proveedor electoral puede terminar ponchando la llanta de la carrera política entera.
Contacto:
[email protected]
