Crónicas del Descaro:

Por José Gregorio Aguilar

Octubre 16, 2026

Hay temas que suenan tan técnicos que la mayoría de la gente cambia de página antes de terminar el primer párrafo. El Impuesto Sobre la Renta suele ser uno de ellos.

Error.

Porque detrás de esas tres letras, ISR, está uno de los asuntos que más impactan la vida económica de México.

El ISR es, sencillamente, el impuesto que pagan personas y empresas sobre los ingresos que obtienen. Es también una de las principales fuentes de financiamiento del gobierno federal. Con ese dinero se sostienen programas sociales, infraestructura, educación, seguridad, salud y buena parte de la operación del Estado.

Por eso resulta tan relevante la reforma fiscal incluida en el paquete económico de 2027.

La narrativa oficial es clara. El gobierno sostiene que la reforma busca facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales para pequeños contribuyentes, ampliar beneficios para productores del campo, incentivar inversiones y cerrar espacios a quienes utilizan mecanismos agresivos para reducir artificialmente el pago de impuestos.

Entre los cambios más relevantes está la ampliación del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), que elevaría de 3.5 a 5 millones de pesos anuales el límite de ingresos para personas físicas y de 35 a 50 millones para personas morales.

Traducido al español de todos los días: más pequeños negocios, comerciantes, profesionistas independientes y empresas medianas podrían acceder a esquemas fiscales más sencillos y con menores cargas administrativas.

También se incrementa de 900 mil a un millón de pesos el umbral de ingresos exentos de ISR para pequeños productores agrícolas, ganaderos, pesqueros y silvícolas.

Visto así, el mensaje es atractivo.

Menos carga para quienes producen.

Más incentivos para invertir.

Menos burocracia.

Más crecimiento.

¿Quién podría estar en desacuerdo?

El problema es que la discusión no termina ahí.

Porque mientras la mayoría legislativa presume alivios fiscales y simplificación tributaria, la oposición ha colocado el reflector sobre otro componente del paquete económico: la Ley Federal de Derechos.

Y ahí la conversación se vuelve interesante.

Mientras algunos contribuyentes pagarán menos ISR o tendrán mayores facilidades para cumplir con él, diversos legisladores han denunciado incrementos importantes en cuotas y trámites regulatorios vinculados con la salud y las autorizaciones sanitarias. Entre los aumentos señalados destacan alzas superiores al 400 por ciento en ciertos procedimientos de investigación médica y aumentos mayores al mil por ciento en licencias relacionadas con servicios de transfusión sanguínea. Por su parte, Morena y sus aliados sostienen que se trata de actualizaciones necesarias para reflejar los costos reales de los servicios prestados por el Estado.

Y aquí aparece la pregunta incómoda.

Si una clínica, un hospital, un laboratorio o una empresa del sector salud enfrenta mayores costos para operar, ¿quién absorberá finalmente esos gastos?

Porque en economía los costos rara vez desaparecen.

Alguien los paga.

El empresario los incorpora a sus precios.

El proveedor los traslada al servicio.

El consumidor los absorbe.

Y el ciudadano vuelve a pasar por caja.

Por eso el debate no debería centrarse únicamente en si alguien pagará menos ISR.

La pregunta correcta es otra:

¿Cuánto dinero terminará saliendo del bolsillo de los mexicanos al final de la cadena?

Porque una cosa es una reducción en la carga fiscal directa y otra muy distinta es el costo total de vivir, producir, invertir o recibir servicios en el país.

El comerciante no calcula solamente cuánto ISR paga.

Calcula permisos, licencias, servicios, energía eléctrica, transporte, financiamiento y regulaciones.

El médico no analiza sólo sus contribuciones fiscales.

También observa cuánto cuesta abrir, operar y mantener una clínica.

La familia no habla de ISR durante la comida.

Habla de cuánto le costó una consulta, una medicina o un trámite.

Y es ahí donde la política suele perder contacto con la realidad cotidiana.

Mientras unos celebran la justicia fiscal y otros denuncian aumentos disfrazados, millones de ciudadanos hacen algo mucho más simple:

Sacan cuentas.

Porque al contribuyente poco le importa si el dinero sale de su cartera en forma de ISR, derechos, cuotas, permisos o actualizaciones regulatorias.

Dinero es dinero.

Y cuando se va, se va.

Quizá por eso la verdadera prueba del paquete económico de 2027 no estará en los discursos ni en las votaciones del Congreso.

Estará en la percepción de la gente.

Si un comerciante logra crecer con menos obstáculos, la reforma habrá funcionado.

Si un productor rural conserva más ingresos, habrá valido la pena.

Pero si los beneficios fiscales terminan neutralizados por nuevos costos, nuevas cuotas o nuevos cobros en otras ventanillas, entonces el ciudadano tendrá razones para preguntarse si realmente pagó menos.

O si simplemente le cambiaron el nombre al recibo.

Porque la magia fiscal moderna ya no consiste en subir impuestos.

Consiste en convencerte de que te cobran menos mientras sigues pagando igual.

O más.