PALACIO
Por Mario Díaz
-Las “riñas” en el penal El Castillo dejaron 14 muertos y 16 lesionados
-Los Chapitos y La Mayiza llevan su confrontación hasta los reclusorios
-Nueva cárcel y discurso poco convincente no aportan nada a la tranquilidad
H. Matamoros, Tamaulipas.-La masacre ocurrida al interior del centro penitenciario El Castillo ubicado en Mazatlán, Sinaloa, es un claro ejemplo que los esfuerzos del gobierno de la Cuarta Transformación por pacificar esa entidad federativa han sido insuficientes.
El intercambio de fuego entre Los Chapitos y La Mayiza, facciones rivales del Cártel de Sinaloa, no ha cesado desde el 24 de septiembre a la fecha, situación que ha colapsado la tranquilidad ciudadana y la cadena productiva principalmente en Culiacán, la capital sinaloense.
Hasta aquella región del Pacífico mexicano la 4T ha desplazado efectivos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Secretaría de Marina Armada de México. Sin embargo, la presencia de las fuerzas federales ni tan siquiera ha inhibido a ambos grupos delictivos según se desprende de los constantes enfrentamientos.
Tras el enjuiciamiento de JOAQUÍN GUZMÁN LOERA e ISMAEL ZAMBADA en los Estados Unidos, la violencia se recrudeció en Sinaloa durante la gestión gubernamental de RUBÉN ROCHA MOYA y continúa en el interinato de GRACIELA DOMÍNGUEZ NAVA sin que se vislumbre-al menos a corto plazo-un alto al fuego al interior del Cártel de Sinaloa.
Respecto al asesinato de 9 internos y un menor de edad que acompañaba a un familiar de un detenido, resulta por demás extraño que las fuerzas federales y estatales hayan declarado que la situación al interior del penal que aloja a mil 800 procesados estaba bajo control y, algunas horas más tarde, se registró un segundo escenario violento que cobró la vida de dos reclusos más.
Cabe señalar que el 24 de septiembre de 2024, una vez declarada la guerra entre Chapitos y Mayiza, en el reclusorio El Castillo ocurrió el asesinato de dos reclusos derivado de las hostilidades en ese centro penitenciario que resguarda a miembros de ambos grupos detenidos en distintas acciones policiales y militares.
Pero eso no es todo.
El 31 de mayo del presente año siete presos fueron asesinados en el interior del Penal de Aguaruto, ubicado en Culiacán, Sinaloa, como consecuencia de la pugna entre ambos grupos delictivos que no tan solo han utilizado las zonas urbanas como campos de batalla, sino que también han extendido los combates al interior de los reclusorios en donde no gobierna la autoridad constituida.
Al igual que sucede en el sistema carcelario a nivel nacional, el penal El Castillo ubicado en Mazatlán, Sinaloa, registra un hacinamiento severo, escaso personal de custodia y sobrepoblación como consecuencia de la lentitud del sistema de justicia mexicano.
De acuerdo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tal reclusorio sinaloense presenta insuficiencia de custodios, actividades ilícitas y severas carencias en la prevención de incidentes violentos, por lo cual diagnóstico su funcionamiento en 5.25 en una escala de medición del uno al diez.
Asimismo, la CNDH determina que la corrupción y violencia al interior de los centros penitenciarios en gran medida obedece al escaso personal de custodia en proporción a los miles de reclusos que están bajo custodia y sujetos a la lentitud y la burocracia de los tribunales.
Datos oficiales indican que el mecanismo de prisión preventiva que contempla el nuevo sistema penal acusatorio es una de las causas de la sobrepoblación en las cárceles mexicanas; hasta febrero del año en curso el número de encarcelados ascendió a 261 mil 388 reclusos internados en los 249 centros penitenciarios estatales y 14 federales.
Ante los trágicos acontecimientos en aquella entidad federativa, el secretario de Seguridad Ciudadana OMAR GARCÍA HARFUCH anunció la construcción de un nuevo centro penitenciario para disminuir el hacinamiento en El Castillo.
No obstante, desde cierta perspectiva, la grave crisis en materia de seguridad pública que se vive en gran parte del territorio azteca no se soluciona con la construcción de nuevas y modernas cárceles, sino atacando la estructura financiera y el apoyo político que reciben los distintos cárteles de la droga.
Aunque no suena del todo convincente, la gobernadora interina de Sinaloa, GRACIELA DOMÍNGUEZ NAVA, precisó que “esta decisión representa un avance, al tiempo que refrenda el compromiso de ambos gobiernos de seguir trabajando de manera coordinada en aras del bienestar, la justicia y la paz en Sinaloa”.
DESDE EL BALCÓN:
I.-No es con una nueva cárcel ni con discursos vacíos como el gobierno de la Cuarta Transformación regresará la tranquilidad ciudadana y la certidumbre de la cadena productiva.
Y hasta la próxima.
