Por Agustín Peña Cruz
Tampico, Tamps.- La investigación por el feminicidio de Dafne “Q” continúa abierta y
podría derivar en nuevas órdenes de aprehensión, mientras la Fiscalía General de Justicia
de Tamaulipas sostiene que el proceso penal debe avanzar al margen de la presión pública
y de los materiales que circulan en redes sociales.
El fiscal general, Jesús Eduardo Govea Orozco, afirmó que la situación jurídica de Danna
Yanina “C” y del resto de las personas vinculadas al expediente depende exclusivamente de
las etapas procesales y de las determinaciones judiciales.
La declaración ocurre en un caso que ha provocado movilizaciones ciudadanas,
cuestionamientos sobre la operación de la Academia Militarizada Marina Doenitz y una
intensa circulación de videos, audios y publicaciones en plataformas digitales.
Sobre la permanencia de Danna Yanina “C” en prisión y la comparación con otro caso en el
que un elemento de la Marina obtuvo su libertad tras un accidente automovilístico, Govea
Orozco marcó una diferencia fundamental: se trata de procedimientos distintos.
“Son situaciones completamente distintas”, sostuvo. En el segundo caso, explicó, un
juzgador de amparo concedió una medida suspensional y estableció condiciones para que
el imputado comparezca al proceso, una determinación que, subrayó, “no es una situación
que la Fiscalía pueda determinar”.
El fiscal también rechazó que los contenidos difundidos en internet puedan modificar por sí
mismos el curso de las investigaciones.
“Nada de eso varía las circunstancias que han motivado, en este caso, la vinculación al
proceso de las personas que están sujetas al mismo”, señaló.
La precisión adquiere relevancia ante la cantidad de videos, reels, audios y opiniones que
han circulado alrededor del expediente. Govea sostuvo que las publicaciones en redes
sociales no condicionan las decisiones judiciales ni sustituyen los mecanismos formales
para incorporar elementos de investigación al proceso.
Pero hizo una aclaración más contundente: la Fiscalía no ha difundido información
reservada.
“Ninguna información surgida de la investigación ni del proceso en curso ha sido difundida
por la Fiscalía General de Justicia”, afirmó.
Si alguna de las partes, litigantes o terceras personas con acceso legítimo a información de
las carpetas la han hecho pública, dijo, la responsabilidad corresponde a quien realizó la

difusión. Y ante la pregunta de si ello podría constituir una violación al debido proceso,
respondió: “Eventualmente, sí”.
El expediente, mientras tanto, sigue creciendo.
Govea confirmó que hace pocos días se ejecutó un cateo en la propia institución educativa
donde ocurrieron los hechos. La diligencia tuvo como propósito localizar indicios y
evidencias relacionadas con la investigación.
“Se acaba de ejecutar un cateo hace unos días; información derivada de este cateo se está
procesando”, explicó.
El funcionario no descartó que esos resultados conduzcan a nuevas acciones penales. “Si
de ello y de otros actos de investigación resultara la necesidad de ejercitar la acción penal,
pues así se hará”, afirmó.
La investigación ya había ampliado su alcance con las órdenes de aprehensión contra Jorge
Luis “N” y Estrellita “N”, además del proceso seguido contra Danna Yanina “N”. Se reportó
que las nuevas detenciones abrieron una etapa distinta del caso y que las audiencias se
desarrollaron bajo medidas especiales ante las manifestaciones registradas en el exterior
del Centro Integral de Justicia de Altamira.
El contexto también incluye cuestionamientos de familiares y de sectores ciudadanos sobre
el funcionamiento de la academia. El padre de Danna, Ofir Cruz Melo, ha sostenido
públicamente que su hija era estudiante y denunció presuntas irregularidades en el
tratamiento que recibió después de la muerte de Dafne. Esos señalamientos forman parte
del debate público, pero no sustituyen las determinaciones que corresponden al Ministerio
Público y al Poder Judicial.
Para el fiscal, la complejidad del expediente explica que la investigación pueda prolongarse
durante meses.
“El caso está avanzando en un tiempo que considero natural, pertinente”, dijo. Añadió que el
volumen de actos de investigación y medios de prueba podría hacer particularmente
extensa la etapa de desahogo.
“No podrían ser días; desde luego que no. Podrían ser meses”, precisó.
Govea también defendió la legalidad de las diligencias realizadas desde que la Fiscalía tuvo
conocimiento del feminicidio. Aseguró que la cadena de custodia y los actos de
investigación se han desarrollado bajo controles legales.
“Todos los actos de investigación que se realizaron desde que se conoció el hecho se han
llevado a cabo con estricto rigor”, afirmó.
Según el fiscal, ese trabajo permitió sustentar ante el órgano jurisdiccional la solicitud de
vinculación a proceso que ya fue determinada.

La carpeta, insistió, permanece abierta. También existen investigaciones derivadas de otras
denuncias que involucran a menores, aunque no necesariamente tendrán que incorporarse
al mismo proceso penal.
Por ahora, la Fiscalía busca colocar el caso nuevamente en el terreno judicial: mientras las
redes sociales amplifican versiones y acusaciones, la autoridad sostiene que serán las
pruebas incorporadas conforme a derecho y las decisiones de los jueces las que
determinen responsabilidades.