Por: José Medina

En entrevista la legisladora Blanca Anzaldúa Nájera insistió en que la supervisión debe garantizar que los planteles cumplan tanto con los programas académicos oficiales como con las disposiciones que regulen cualquier actividad adicional que desarrollen.

Evidenció que es necesario delimitar las competencias y establecer reglas claras para evitar vacíos legales en la operación de las escuelas militarizadas en Tamaulipas.

Hizo el llamado a la SET a fortalecer la vigilancia y fiscalización de estos centros educativos, con el propósito de verificar que cumplan con la normatividad vigente y que exista claridad sobre las facultades de las autoridades involucradas.

Ante ello, mencionó el vacío legal en actividades de corte militar; «Las escuelas militarizadas que operan en Tamaulipas deberán ser sometidas a una revisión para determinar si sus actividades se encuentran dentro del marco legal»

Anzaldúa Nájera, sostuvo que la autoridad educativa estatal sí tiene atribuciones para supervisar el funcionamiento de los planteles de educación básica, pero aclaró que dicha competencia no implica facultades para autorizar o avalar actividades militares.

“Lo de las escuelas militarizadas es un hecho: la Secretaría de Educación no está facultada para avalar cuestiones militares”, agregó.

Explicó que las escuelas primarias y secundarias deben sujetarse a los planes y programas de estudio establecidos por la Federación, por lo que cualquier actividad adicional debe desarrollarse dentro de las disposiciones legales aplicables.

Y acotó; «En el caso del nivel medio superior, señaló que existen distintas modalidades de incorporación, entre ellas aquellas que funcionan mediante convenios con instituciones universitarias, por lo que consideró necesario revisar bajo qué esquema operan los planteles que ofrecen formación o actividades de corte militar.