Columna: “Conciencia Ciudadana”
Por: Luis G. Isas
Mientras unos anuncian reformas, otros presentan iniciativas y la Universidad hace su parte para impulsar el desarrollo, la gran pregunta sigue siendo la misma: ¿quién está combatiendo realmente la corrupción?
Hay noticias que generan esperanza. Otras abren el debate. Y algunas obligan a formular preguntas incómodas.
Esta semana vimos al Congreso de Tamaulipas, analizar la posibilidad de ampliar de tres a cuatro años el periodo de los presidentes municipales. El argumento es dar continuidad a los proyectos y fortalecer la estabilidad de los gobiernos locales.
Sin embargo, antes de pensar en darles más tiempo a quienes gobiernan, sería conveniente preguntarnos si primero existen los mecanismos suficientes para evaluar su desempeño. El problema de muchos municipios no ha sido la falta de tiempo; ha sido la falta de resultados, de transparencia y, en algunos casos, los constantes señalamientos por presuntas irregularidades. Un año más en el cargo no garantiza un mejor gobierno.
En contraste, el Congreso también recibió una iniciativa que merece reconocimiento. Se propone crear un Registro Estatal de Personas Sancionadas por Maltrato Animal. La intención es impedir la reincidencia, facilitar el seguimiento institucional y fortalecer la protección de los animales en Tamaulipas.
La propuesta parte de un principio sencillo: quien ya fue sancionado mediante una resolución firme debe quedar registrado para evitar que vuelva a cometer la misma conducta. Es un ejemplo de cómo una política pública puede fortalecer la prevención sin vulnerar derechos.
Mientras tanto, la Universidad Autónoma de Tamaulipas continúa enviando señales positivas. Bajo el liderazgo del rector Dámaso Anaya Alvarado, la UAT fortalece su alianza con el sector productivo para impulsar clústeres industriales, formar talento especializado y atraer inversiones que generen mejores oportunidades para los jóvenes tamaulipecos.
Es una muestra de que cuando existe planeación, coordinación y visión de largo plazo, las instituciones pueden convertirse en motores del desarrollo.
Pero mientras unas instituciones avanzan, otras siguen generando preguntas.
En los últimos meses han surgido diversos señalamientos públicos relacionados con exfuncionarios, contrataciones, manejo de recursos, denuncias por presuntas irregularidades administrativas, investigaciones pendientes, casos de presunto acoso sexual y expedientes que permanecen sin una explicación clara para la sociedad.
También siguen pendientes los resultados de las investigaciones relacionadas con las denuncias presentadas por médicas residentes violadas en el hospital infantil y la ciudadanía continúa preguntándose cuántos alcaldes o exalcaldes investigados por posibles actos de corrupción han enfrentado consecuencias legales. La respuesta sigue siendo poco clara para la opinión pública.
Y es precisamente aquí donde aparece la pregunta que da título a esta columna.
¿Dónde están los cuatro fantásticos?
Porque la responsabilidad de responder no recae en las redes sociales ni en los medios de comunicación. Corresponde a las instituciones creadas para combatir la corrupción.
Norma Angélica Pedraza Melo, desde la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno; Andrés Norberto García Repper Fávila, al frente de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; Francisco Noriega Orozco, como Auditor Superior del Estado; y Jesús Eduardo Govea Orozco, Fiscal General de Justicia, tienen en sus manos una enorme responsabilidad.
La ciudadanía en Tamaulipas está cansada de escuchar que existen expedientes, que las investigaciones continúan o que los asuntos siguen “en proceso”. Lo que espera son resultados concretos. La percepción de muchos ciudadanos es que, hasta ahora, no se han visto casos relevantes que concluyan con sentencias o sanciones firmes por corrupción contra servidores públicos de alto nivel.
No basta con anunciar que se investiga. Investigar es una obligación legal; ofrecer resultados, cuando las investigaciones lo permiten y existen pruebas suficientes, es lo que fortalece la confianza en las instituciones. Si un expediente no acredita responsabilidades, también es importante informarlo con transparencia para evitar que prevalezcan los rumores.
La ciudadanía quiere saber que las instituciones funcionan y que el combate a la corrupción no distingue cargos, partidos ni influencias. Esa expectativa solo puede satisfacerse con investigaciones sólidas, debido proceso y resoluciones conforme a derecho.
También valdría la pena abrir un debate público sobre la responsabilidad de los servidores públicos. Cuando un funcionario incumple gravemente con las obligaciones de su cargo o causa un daño al erario, la sociedad espera no solo sanciones cuando correspondan, sino también mecanismos eficaces para recuperar los recursos públicos que, en su caso, se hubieran perdido de manera indebida conforme a lo que establezca la ley.
La credibilidad de un gobierno no se recupera con campañas de comunicación. Se recupera cuando las instituciones funcionan, cuando las investigaciones avanzan y cuando la ciudadanía puede ver que la ley se aplica con imparcialidad.
Hoy la UAT demuestra que es posible construir futuro con trabajo. El Congreso presenta iniciativas que generan discusión y otras que fortalecen la protección animal. Pero el combate efectivo a la corrupción sigue siendo una de las principales exigencias ciudadanas.
Y mientras esa percepción no cambie, la pregunta seguirá resonando entre los tamaulipecos:
¿Dónde están los cuatro fantásticos?
Por hoy es todo y nos leemos en la próxima si el Primerísimo nos lo permite.
