Por Agustin Peña Cruz
Ciudad Victoria, Tamps.- La revisión de la Cuenta Pública 2024 del Ayuntamiento de
Matamoros dejó al descubierto una serie de observaciones financieras y administrativas que
derivaron en 97 acciones promovidas por la Auditoría Superior del Estado (ASE), con un
monto acumulado superior a los 400 millones de pesos, correspondientes al último año de
la administración encabezada por Mario Alberto López Hernández.
El Informe Individual de la auditoría AEA/022/2025 al cual tuvo acceso Noticias PC,
correspondiente a una revisión financiera y de cumplimiento, documenta que de las 67
observaciones preliminares formuladas por los auditores, únicamente una fue solventada.
Las 66 restantes permanecieron sin aclarar al cierre del proceso de fiscalización, situación
que dio origen a pliegos de observaciones y promociones de responsabilidad administrativa.
La auditoría comenzó formalmente el 31 de enero de 2025 mediante la emisión del oficio
ASE/0113/2025, aunque la notificación al Ayuntamiento se realizó el 25 de febrero del
mismo año. Posteriormente, durante el desarrollo de los trabajos, la Auditoría Superior del
Estado modificó la integración del equipo responsable de la revisión mediante los oficios
ASE/0662/2025 y ASE/1037/2025.
Los trabajos estuvieron a cargo de los auditores Susana Alicia Ariza Ávalos, Mario Alberto
Ortiz Maldonado, Rocío Karely Moncada Garza, Brenda Aidé Limón Hernández, Miguel
Ángel Meléndez Barrón, Ariatna Azucena Ortiz González, Israel Ticante Cruz y Ramón
Alberto Rodríguez Ríos.
La Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2024 fue presentada ante el Congreso
del Estado el 25 de abril de 2025. Casi diez meses después, el 20 de febrero de 2026, el
Informe Individual fue recibido en la Oficialía de Partes del Poder Legislativo, aunque los
resultados se hicieron públicos hasta junio de este año, una vez cumplidos los plazos
legales establecidos en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de
Tamaulipas.
La revisión abarcó la totalidad de los recursos propios reportados por el municipio. En
materia de ingresos, la ASE auditó 81.1 millones de pesos, mientras que en egresos revisó
124.7 millones de pesos, lo que representó una cobertura del 100 por ciento de los recursos
seleccionados para la muestra.
Entre los hallazgos más significativos se encuentran observaciones relacionadas con
cuentas de balance, obligaciones derivadas de la Ley de Disciplina Financiera y
operaciones cuya documentación soporte no fue suficiente para acreditar plenamente la
legalidad y correcta aplicación de los recursos públicos.

Los montos más elevados detectados por los auditores se concentran en una decena de
observaciones que, en conjunto, representan alrededor de 360 millones de pesos. Destaca
una observación vinculada con la Ley de Disciplina Financiera por 76.5 millones de pesos;
otra por casi 71 millones de pesos relacionada con cuentas de balance; una tercera por 69.4
millones de pesos; además de observaciones individuales por 52.4 millones, 32.7 millones y
19.4 millones de pesos, entre otras.
La propia Auditoría Superior del Estado precisó que del total observado, 134.3 millones de
pesos corresponden al análisis de cuentas de balance y otros 76.5 millones derivan de
disposiciones de disciplina financiera. Aunque estos conceptos no forman parte de la
muestra tradicional de ingresos y egresos auditados, sí generan acciones de fiscalización
debido a su impacto en la situación financiera del municipio.
Como resultado de la revisión, la ASE promovió 62 acciones de pliego de observaciones y
promoción de responsabilidad administrativa por un monto de 115.8 millones de pesos,
además de 34 promociones de responsabilidad administrativa relacionadas con recursos
que ascienden a 284.2 millones de pesos. En conjunto, ambas medidas suman las 97
acciones que integran el resultado final de la auditoría.
El informe también establece que diversas observaciones podrían derivar simultáneamente
en responsabilidades administrativas y observaciones resarcitorias, al considerar que la
información proporcionada por la entidad fiscalizada no fue suficiente para justificar o
aclarar plenamente los hallazgos detectados durante la revisión.
Aunque el informe no determina responsabilidades definitivas ni implica automáticamente la
comisión de delitos, sí constituye la base documental para que las autoridades competentes
evalúen la actuación de los servidores públicos involucrados en la administración,
autorización y supervisión del gasto público durante el ejercicio fiscal 2024.