Por José Gregorio Aguilar
Junio 03, 2026
La declaración patrimonial en México es el único trámite donde el pobre sale perdiendo y el rico sale ganando tiempo. Es un ritual de simulación: cada mayo, el gobierno finge que fiscaliza, el burócrata de base finge que tiene algo que declarar, y el jefe finge que no tiene nada que esconder. Todos mienten, pero solo a uno lo castigan si lo cachan.
La burla al jodido.
De acuerdo con Juan Ávila, ex burócrata entrevistado para esta columna, del 2018 al 2021 su salario base era de $1,800 quincenales…»Con una compensación de 4 mil llegaba a $7,600 al mes, pero eso era porque me ayudaron. _¿Y los que no tenían esa ayuda? ¿Los que viven con $3,600 al mes?»_, cuestiona.
Hoy, 2026, los trabajadores de niveles bajos en presidencia rondan entre $2,500 y $3,500 quincenales. Eso es $5,000 a $7,000 mensuales… si bien les va. Y a esos, a los que venden tamales los domingos o manejan Didi en la noche pa’ pagar la luz, les avientan el mismo formato que al Secretario.
Declare sus vehículos. Declare sus joyas. Declare sus inversiones en bolsa. Declare sus obras de arte.
¿Cuáles joyas? Si debe en Coppel, si la tele la sigue pagando a 18 meses, si la «obra de arte» es el calendario de la carnicería. Le exigen declarar su pobreza con lujo de detalle. Es violencia burocrática con sello oficial.
El aviso al corrupto.
Pero la joya de la corona es esta: La declaración patrimonial pareciera un aviso con un año de anticipación. Es como si la Fiscalía gritara con megáfono: «¡Chamacos! El otro año reviso sus declaraciones. Vayan acomodando sus transas, pasen la troca a nombre del primo, el terreno a nombre de la suegra, la sociedad inmobiliaria a nombre del cuñado.»
¿Qué clase de auditoría avisa con 12 meses de gracia? Eso no es fiscalización. Es el manual oficial para esconder la riqueza. Le das tiempo al corrupto pa’ que maquille el teatrito. Le das tiempo pa’ que el hermano compre de contado, pa’ que el primo renuncie, pa’ que las escrituras se «aclaren».
El sistema no caza corruptos. Los entrena.
El caso tipo: Expedientes congelados, tiempos políticos calientes.
Y pa’ que no digan que invento, ahí están los datos de la propia autoridad. La Secretaría Anticorrupción ya reconoció que hay 24 casos con «dudas» en terrenos, casas y camionetas. ¿Dudas? Son certezas no?
Hay expedientes que llevan 12 meses congelados donde se cuestiona cómo un funcionario pasó de cargos municipales a estatales y, en ese mismo lapso, aparecen fincas de más de mil metros en zona centro, terrenos de 10 mil metros cuadrados y sociedades inmobiliarias con familiares. Todo mientras el sueldo oficial no cuadra con las escrituras.
La denuncia pide lo básico: comparar declaraciones patrimoniales, checar ingresos en SAT, revisar sueldos reales. Doce meses después, ni una compulsa. Si así revisan a los de arriba, ¿qué esperanza tiene el burócrata de $2,500 quincenales?
Al de abajo lo traen con el látigo del formato cada mayo. Al de arriba le dan 365 días de gracia pa’ que arregle papeles. Mientras tanto, los tiempos políticos avanzan y los expedientes se empolvan.
Actualización del descaro: Los 7 mil 181 «distraídos».
Y ahora sale Norma Angélica Pedraza Melo, secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, a celebrar con bombo y platillo: «¡Subimos 10 puntos! ¡91.45% de cumplimiento!» Aplausos, señores. Solo 7 mil 181 servidores públicos «quedaron pendientes». Pendientes, dice. Como si se les hubiera olvidado pagar el recibo del agua.
A ver, autoridad transparente: De esos 7 mil 181 incumplidos, ¿cuántos son de nivel jodido y cuántos de nivel protegido? Porque aquí hay de dos sopas:
1. El jodido que no declaró: El intendente de $2,500 quincenales que ni internet tiene, que no le explicaron, que le da pavor poner que debe en Coppel. A ese sí le va a caer la voladora. Requerimiento, sanción, expediente. Pa’ que aprenda a ser pobre con papeles en regla.
2. El protegido que no declaró: El jefe, el director, el que sí tiene algo que esconder. Ese no es «pendiente», ese es «estratega». Ese está esperando a ver si el aire cambia, si lo mueven de puesto, si prescribe el tema. Y la misma Secretaria le manda mensaje: «Entrégala extemporánea, corrige tu conducta, te perdonamos». O sea, al corrupto le dan chance, al jodido le dan palo.
¿91.45% de cumplimiento? Chulada. Eso significa que 76 mil 802 burócratas se formaron pa’ declarar su miseria. Y los otros 7 mil 181… ¿dónde están? ¿Quiénes son? Publiquen la lista. Digan nombres, puestos y sueldos. A ver si entre esos «pendientes» no está el que compró terreno de 10 mil metros cuadrados con sueldo de director.
Porque la señora Pedraza Melo celebra el porcentaje, pero no celebra cuántos nuevos ricos tumbó. Y eso es lo que importa. No cuántos formatos recibieron. Cuántos corruptos encarcelaron.
El remate que arde.
Entonces, autoridad transparente, te vuelvo a preguntar: ¿Cuántos nuevos ricos has tumbado? No hablo del intendente que no declaró su Tsuru 98. Hablo de los meros meros. ¿Cuántos apellidos de abolengo han caído? ¿Cuántos de esos que entraron con un Jetta y salieron con 3 ranchos, gasolinera y flotilla de Suburbans?
Transparencia no es presumir que 76 mil burócratas declararon su licuadora. Transparencia es explicarle al pueblo por qué 7 mil 181 no declararon nada… y no les pasa nada. Y si no pueden, mejor quiten el teatrito y pongan un letrero:
«Aquí solo jodemos parejo… pa’bajo. A los de arriba les damos chance extemporáneo.»
Moraleja: La declaración patrimonial no es un filtro. Es una coladera… pero solo pa’ los de arriba. Y ahora sabemos que tiene 7 mil 181 agujeros con nombre, puesto y presupuesto
