Golpe a golpe
Por Juan Sánchez Mendoza
El panorama electoral de 2027 respecto a las 17 gubernaturas que estarán
en juego, luce complejo para Movimiento Regeneración Nacional (morena)
por: 1) el desacuerdo con sus aliados sobre el reparto de las candidaturas;
2) la disputa interna que libran sus propias tribus en aras de nominaciones;
y 3) el hartazgo poblacional ante la conducta de varios mandatarios que ya
van de salida, pero siguen cometiendo tropelías.
Actualmente una docena de gobernadores ostenta el sello de morena;
tres son del Partido Acción Nacional (PAN), uno de Movimiento Ciudadano
(MC) y otro del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
En cuanto a las cinco plazas donde el membrete guinda es oposición –
-Aguascalientes, Chihuahua, Nuevo León, Querétaro y San Luis Potosí– el
escenario le es adverso a morena pues los cinco jefes del Ejecutivo estatal
aparecen en el ‘top ten’ de aceptación poblacional –ocupando los primeros
sitios–, según los rankings difundidos por las encuestadoras ‘México Elige’
y ‘C&E Campaigns and Elections’.
Y eso, admítase o no, refleja una tendencia electoral.
Seguramente, el cuadro le preocupa y le ocupe parte de su tiempo a la
dirigente de morena, Ariadna Montiel Reyes, aunque el tema primordial (de
ella) sería imponer disciplina en su partido, con tres objetivos marcados:
1) Evitar el desbordamiento de pasiones en morena, para evitar pleitos
entre las tribus ahí anidadas;
2) Atarles las manos a los gobernadores, para evitar que promocionen,
con recursos públicos, a sus propios proyectos relevistas; y
3) Limpiar la imagen de los mandatarios que van de salida y han sido y
son acusados de mantener vínculos con el crimen organizado.
La tarea no es sencilla.
Menos, cuando morena (con o sin alianzas estatales), busca recuperar
las cinco gubernaturas en manos de la oposición; y retener las 12 que tiene
actualmente, pese a las cuestionables administraciones de los mandatarios
en turno.
A la fecha, en al menos seis entidades los gobernadores de morena se
han visto involucrados en situaciones escandalosas; y en otra, hay conflicto
de intereses.
Y esto podría repercutir en el comportamiento ciudadano aun y cuando
los futuros candidatos no tuvieran ninguna relación con quienes acarician el
último año de su mandato.
Los ejemplos más ilustrativos de la separación gobierno-pueblo se dan
en:
- Baja California.
La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, el pasado martes cinco
de mayo, ratificó que no pedirá licencia al cargo para enfrentar la acusación
estadounidense de estar involucrada con el crimen organizado, aun cuando
la Fiscalía General de la República (FGR) la investiga como a su ex marido
(Carlos Torres) por los presuntos delitos de narcotráfico, tráfico de armas y
lavado de dinero, motivando un fuerte rechazo ciudadano hacia ella.
A los dos, en mayo de 2025 el gobierno de EU les revocó la visa. - Campeche.
Layda Elena Sansores Sanromán, la gobernadora actual, no sólo está
confrontada con el Congreso estatal donde morena tiene mayoría; y con el
grupo del mentado ‘Alito’, sino que ha declarado públicamente que para ser
candidato gubernamental ‘hay que ser narco o tener padrinos narcos’
Su distanciamiento con el pueblo quedó de manifiesto en el estadio de
béisbol ‘Nelson Barrera Romellón’, cuando fue abucheada al unísono por la
concurrencia tasada en miles que le abiertamente le gritó ¡fuera, fuera! - Guerrero.
La supuesta relación que la mandataria sostiene con grupos criminales
es harta comentada en aquel estado. Y con la pretensión de su padre, Félix
Salgado Macedonio de ser candidato, de darse, sería una burla al pueblo al
violentar la decisión partidista anti nepotismo, por lo que es rechazada.
Evelyn Cecia Salgado Pineda ha enfrentado varias solicitudes de juicio
político y críticas por la gestión de la seguridad, marcadas por la violencia y
delincuencia organizada en el estado. Y EU la reclama por narcotráfico. - Michoacán.
El gobernador actual, Alfredo Ramírez Bedolla, también es acusado de
complicidad con el narco.
Tras el cobarde asesinato de Carlos Alberto Manzo Rodríguez (alcalde
de Uruapan), los bonos de morena bajaron en la entidad, por lo que tendría
que nominarse a una persona altamente reconocida, calificada y bien vista
por la sociedad para retener la gubernatura.
Como fuere, el mandatario actual está en la mira del gobierno yanqui. - Sinaloa.
La separación de Rubén Mocha Moya, como gobernador, no garantiza
a morena la retención de la plaza.
Menos cuando los sabuesos de la Unión Americana están enfocados a
desmantelar la organización delictiva que ahí predomina.
El pueblo guamúchil muestra su rechazo a la autoridad gubernamental
sin considerar partidos, pues hartada está de que bandoleros sean quienes
las gobiernen, como el actor reclamado en EU por narcotráfico.
- Sonora.
Alfonso Durazo Montaño –un claro ejemplo del saltimbanqui político al
haber brincado del PRI al PAN, y luego a morena, donde ocupa la posición
privilegiada de presidente del Consejo Nacional– enfrenta una situación de
inseguridad en el estado.
Y también política.
Su mala gestión como gobernador ha despertado ese pueblo bronco y
fuerte, arrastrando a la marca de morena, que debe analizar una estrategia
para revertir sus yerros
Zacatecas, se cuece aparte, porque con la aceptación de morena, sin
ella y a pesar de ella, un Monreal Ávila estará en la jugada.
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