Entre Nos…
Por: Carlos Santamaría Ochoa.-
El escándalo en el que se ha visto envuelta la “pseudo” comunicadora Laura Bozo al recibir un doctorado “honoris causa” que, se dice, pagó 30 mil pesos por ello, ha desatado el tema en la agenda cotidiana: los doctorados que tenemos, ¿hasta donde son válidos?
Es una triste realidad que los denominados “Honoris Causa” son, en su mayoría, compromisos económicos o políticos; de esta forma, dos legisladores perredistas obtuvieron el suyo, por el simple hecho de prestar una instalación oficial, del Congreso de la Ciudad de México, para ser doctores Honoris Causa. Nada más inmoral y fraudulento. Hoy cualquiera ostenta un doctorado de esos.
Una de estas personas dice que gestionó el salón, pero no supo para qué lo querían, a lo que nos preguntamos: si llegan terroristas a pedir el pleno del Senado, ¿Se los prestarían? La respuesta de la legisladora pone de manifiesto la ignorancia supina con que se elige a los “representantes populares” que no son más que una caterva de vividores de la política, y en el sentido académico, comerciantes de beneficios, que no saben ni en que pie están parados.
Es común saber que en las universidades de nuestro país se ofrece el dar doctorados a muchas personas; de esa forma, la gran mayoría de directivos de escuelas y facultades han logrado tener en sus tarjetas de presentación la sigla que los “avala” como doctores. Los que hemos recorrido la senda académica y de investigación sabemos que hay personas, directivos de facultades que no saben escribir una cuartilla sin errores, y presumen sus tesis doctorales, muchas veces, entregadas y pagadas por encargo especial a investigadores sin principios que se venden, como prostitutas académicas, al mejor postor.
Es una vergüenza saber que alguien se ostente como doctor, y las universidades, ávidas de llenar los indicativos de calidad y de las evaluaciones que se llevan a cabo solo para certificar una realidad que no existe, permiten este tipo de fraudes.
Otros “doctores” participan en muchos congresos y mandan artículos a revistas indexadas, pero con la casualidad de que lo que envían son trabajos que solicitan a sus alumnos so pena de reprobarlos si no los entregan.
La corrupción en este sentido es manifiesta. No puede un investigador hacer un trabajo de investigación por mes, cuando se requiere leer mucho: hay artículos que requieren la consulta de más de 50 libros: ¿Es posible hacerlo en una semana?
Y con esas bases “académicas”, no podemos pensar en una sociedad justa y legal, donde los doctores son de mentiras y los investigadores son plagia-textos de sus alumnos de todo nivel.
Quien se encuentre en el ambiente académico y sea un poco honesto -solo un poco- sabrá que es una realidad la aseveración que se ha hecho, y que deberíamos hacer algo por evitar este tipo de fraudes.
Lo de la animadora peruana es la gota que ha derramado el vaso. Es donde los que se presumen honestos a carta cabal deberían cancelar concesiones y nombramientos a escuelas, cetros de investigación y facultades que se prestan a este tipo de fraudes, y certificar a los doctores con algún mecanismo que avale su preparación.
Finalmente, cada quien es responsable de sus actos, pero la autoridad debe castigar a todos esos funcionarios de universidades públicas que se ostentan como doctores, y cuando no saben siquiera de qué forma se citan las referencias bibliográficas según APA, o qué partes debe llevar un artículo indexado.
No podemos permitir tanta desvergüenza. Es aquí donde la autoridad universitaria debe apretar y hacer más estrictos los requisitos para validar a sus doctores, que solo buscan el título para presumir o para cobrar un poco más, entregando, insistimos, trabajos y artículos que son plagiados, robados, que no son de su autoría, y con esa falta de calidad moral, obviamente, formarán profesionistas carentes de calidad moral y de principios.
Es hora de validar a los que estudiamos, y de desechar y exhibir a lo que no lo hicimos. Por un acto de justicia para con una sociedad harta de corrupción y de simulaciones.
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