Golpe a golpe

Por Juan Sánchez Mendoza

Aun cuando en México existe una amplia y sólida estructura jurídica que norma la conducta entre los individuos a través de instituciones diversas, se adolece de cultura para acatar y respetar las leyes.

Tan pronto entra en vigor un nuevo ordenamiento, inmediatamente se incumple pese a tener conciencia de estar actuando al margen de la ley; y que en razón de ello podría venir una sanción, aunque ésta pocas veces representa un escarmiento para el grueso de los infractores, cuando tan sólo es administrativa.

Reza un principio jurídico que la ignorancia del precepto no exime de la culpa al infractor, por lo que nadie se salva de verse inmerso en problemas legales, en un momento dado, si como frecuentemente ocurre soslayamos nuestras obligaciones como personas y ciudadanos.

Lo peor del caso, es que como ‘buenos mexicanos’ tenemos especialización en retorcer leyes y reglamentos, o en encontrarles las interpretaciones que más nos favorezcan.

Otra salida es recurrir al influyentismo o de plano al cohecho, a fin de no ser alcanzados por el brazo de la justicia ante un ilícito cometido.

En el colmo del cinismo, hemos oído hasta la saciedad la ordinaria frase que se sostiene que las leyes se hicieron para violarlas; y a fuerza de tanto escuchar el absurdo algo se queda en el colectivo social, como si fuera motivo de orgullo.

De ahí que las autoridades todas, hoy quieran inculcar de manera sistemática valores cívicos a los niños, adolescentes y adultos, porque tarde se han dado cuenta de que la problemática corroe el tejido social y no encuentran la forma de que la ley se respete.

En honor a la verdad, lejos estamos de alcanzar el ideal propuesto por los tres niveles de gobierno –federal, estatal y municipal–, toda vez que el mal es profundo.

Contribuyen a la descomposición las marcadas diferencias de clase, injusticias y falta de oportunidades para importantes segmentos sociales que, en definitiva, no ven por ninguna parte la famosa y pregonada equidad; menos el respeto a sus elementales derechos. Digamos a la salud, el trabajo y la educación.

Claro que el camino para el respeto a la legalidad no es la revuelta o la desobediencia pública ante tanta marginación y desigualdad, pero sí la exigencia de que la autoridad cumpla lo establecido en la ley.

Ocurre que en reiteradas ocasiones los encargados de aplicarla ignoran ésta, tanto o más que las organizaciones civiles.

Por otra parte, una sociedad bien informada, como la nuestra, poco caso hace a las injurias de quienes anhelan el poder que les está negado.

Ya por no confiar en la oposición, o porque simple y llanamente no está dispuesta a dejarse engañar, otra vez, con acusaciones simplonas producidas al calor de la impotencia.

Por ello, esta ciudadanía bien informada, en lo sucesivo, podría dar real sustento a la política y restarles poder a las camarillas, a la filtración, al rumor y otros instrumentos de política arcaica.

Los tamaulipecos ya no deseamos confusión.

Todos merecemos estar enterados del alcance y los objetivos de la acción gubernamental para enseguida dar lugar a interpretaciones responsables y reforzar nuestra dañada credibilidad.

No para continuar confundidos, ni ser de nuevo presa fácil del oportunismo que por siempre ha caracterizado a quienes son oposición, al menos en el estado.

Si usted ha observado en los últimos tiempos los aceleres de quienes dicen mandar en el Partido Acción Nacional (PAN) o de sus testaferros, arlequines, corifeos y panegiristas, de inmediato se dará cuenta que sólo buscan desestabilizar a la entidad.

Por eso hay que frenarlos.

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