Cd. Victoria, Tamaulipas.- El gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca será recordado como la administración estatal con mayores índices de corrupción, saqueo de recursos, asignación a empresas fantasmas o ‘factureras’ y el otorgamiento de contratos a proveedores consentidos, algunos de ellos cuestionados por vincularse a líderes de grupos delincuenciales.
Datos oficiales en páginas de transparencia estiman que tan solo siete empresas constructoras recibieron más de 1 mil millones de pesos, lo que habla de alto nivel de corrupción de un sexenio que agoniza y que a partir del primero de octubre quedará exhibido y tendrá que enfrentarse a la justicia.
También hay datos oficiales que ponen al descubierto que en situaciones de emergencia sanitaria como lo fue la pandemia del Covid 19, la mayor preocupación del Gobierno del Estado, no fue atender la salud de los tamaulipecos, sino apoderarse de los recursos asignados para la contingencia, favorecer contratos y triangular recursos del presupuesto estatal con empresas ajenas a la proveeduría de material sanitario.
Constructora ARYVE, Constructora del Noreste, Transportes y Construcciones Tamaulipecos (Tracotams) y Lerma Edificaciones, son algunas de las empresas favorecidas por el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca y denunciadas por corrupción.
Transportes y Construcciones Tamaulipecos S.A. de C.V. fue una de las empresas consentidas por Cabeza de Vaca a la que se asignaron 11 contratos por 424 millones de pesos.
Tracotams se caracterizó en este sexenio por retraso en la entrega de obras, aumento al costo inicial de las obras, modificaciones en los convenios y por una serie de irregularidades detectadas en sus obras.
Cabe mencionar que Tracotams aparece en la acusación a Emilio Lozoya que refirió actos de corrupción de Cabeza de Vaca para cabildear con Petróleos Mexicanos el otorgamiento de contratos por 2 mil millones de pesos hasta por 50 años.
Otra constructora cuestionada es Lerma Edificaciones, empresa ligada a la construcción de un hospital inaugurado por Cabeza de Vaca pero sin estar en funcionamiento.
Lerma Construcciones también se le vincula en el caso del ex director de Pemex, Emilio Lozoya y la consecuente acusación a Cabeza de Vaca para cabildear contratos irregulares con Petróleos Mexicanos.
La lista de Constructoras incluye a ARYVE S.A. de C. V, empresa que recibió del gobierno de Cabeza de Vaca 429.7 millones de pesos para la construcción de un hospital, sin embargo datos de transparencia no refieren terminación en los trabajos realizados.
ARYVE se vio favorecida con licitación de contratos menores y diversificados como los 40 millones de pesos asignados para la ‘modernización’ de un kilómetro en la carretera Victoria-Monterrey.
El nivel de corrupción es evidente, pues las sumas asignadas en millones de pesos no corresponden a la magnitud de las obras encargadas.
Por su parte Constructora del Noreste S.A. de C.V. tiene asignados contratos por 181.3 millones de pesos para la ejecución de 23 obras para la conservación de carreteras y caminos del Estado.
Al igual que otras constructoras, el monto de los presupuestos millonarios no corresponde a las tareas encomendadas, además de ser evidente el favoritismo y la regularidad para la asignación de contratos durante el sexenio.
Pero el tema de la corrupción no fue tan evidente solo en el área de obras públicas, sino también en el tema de la salud en donde aprovechándose de la contingencia sanitaria del Covid 19, funcionarios del gobierno del Estado se despacharon con la ‘cuchara grande’ y concentraron el 70 por ciento del presupuesto extraordinario a siete empresas, algunas de ellas simples ‘factureras’ o empresas fachada.
En este renglón los nombres de SEGARTEK, BTOG, SPCES, Proveedora de Equipo de Laboratorio, Curación y Medicamento Maniflosa, así como ORTHO Healt & Integral, SUPPLY Services de México, BAZE Abastecedor y Servicios y VELTICH de México, son empresas a las que se otorgaron hasta 450 millones de pesos con un modus operandi similar en todos los casos, mediante la triangulación de recursos.
Las empresas recibían recursos del Gobierno de Tamaulipas, los transferían a empresas fachadas o factureras, muchas sin tener giros afines a servicios médicos, incluso algunas de ellas se dedicaban a la construcción o a la venta de equipos de computación o sistemas.
Con el dinero en la cuenta de personas morales, se transferían vía nómina a personas físicas y mediante emisión de cheques de caja que se endosaban a terceros.
Una vez triangulados los recursos, las personas físicas retiraban el dinero y se entregaba el efectivo a los beneficiarios del desvío.