Golpe a golpe
Por Juan Sánchez Mendoza
El incumplimiento de pagos a los proveedores de varios ayuntamientos, me lleva a suponer que el cierre de su ejercicio 2026 será harto complicado, en materia de liquidez financiera, no obstante que su programación anual tuvo que considerar imprevistos y medidas precautorias ante eventualidades.
Sin embargo, lo más inquietante es la cobertura de salarios de las dos quincenas de diciembre y el pago de aguinaldos a sus trabajadores.
Esta situación no es nueva. Y lo saben las autoridades municipales. Sin embargo, aunque tuvieron tiempo de sobra para preverla soslayaron ocuparse del tema.
Ahora buscan la ayuda gubernamental para solventar el gasto, pues el presupuesto anual, aparentemente, ya se gastó. ¡Qué lamentable!
Lo anterior refleja, en principio, una deficiente planeación financiera y una administración poco previsora de los recursos públicos, dado que ningún alcalde puede argumentar desconocimiento sobre los compromisos económicos que representa el cierre de cada ejercicio fiscal.
Las nóminas, las prestaciones de fin de año y las obligaciones con los proveedores no son eventualidades inesperadas, sino gastos identificables que deben contemplarse desde la elaboración del presupuesto anual. Por tanto, resulta inadmisible que algunas autoridades municipales lleguen a noviembre con dificultades para cumplir compromisos que debieron atenderse mediante una programación responsable del gasto. ¿En qué se utilizaron entonces los recursos presupuestados?
La sospecha de que el dinero público pudo haberse destinado a conceptos distintos de las prioridades municipales no es un asunto menor. Los servicios públicos, el mantenimiento urbano, el alumbrado, la recolección de basura y la atención ciudadana deberían estar por encima de los gastos superfluos, las erogaciones innecesarias y cualquier compromiso que no represente un beneficio colectivo.
Además, trasladar al Gobierno estatal la responsabilidad de resolver los problemas de liquidez municipal no puede convertirse en una práctica recurrente ni en un mecanismo para ocultar deficiencias administrativas. La solidaridad institucional puede ser necesaria ante circunstancias extraordinarias, pero no debe servir de salvavidas para quienes omitieron hacer su trabajo.
Por supuesto, también existen ayuntamientos que están en condiciones de concluir el año sin mayores sobresaltos financieros. Y es justo reconocerlo, porque demuestra que una administración ordenada, con disciplina presupuestaria y prioridades definidas, sí puede cumplir sus compromisos.
La diferencia está en la responsabilidad de quienes gobiernan.
Al final, los alcaldes no solamente deben rendir cuentas sobre las obras realizadas o los programas anunciados, sino también sobre el destino de cada peso del presupuesto, porque dejar proveedores sin cobrar y poner en riesgo salarios y aguinaldos no es un simple contratiempo administrativo: es una señal de que algo no se hizo bien. Y si no hay dinero para cumplir las obligaciones básicas, alguien tendrá que explicar en qué se gastó. La ciudadanía merece respuestas, no pretextos ni solicitudes de rescate financiero de última hora.
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