Por José Gregorio Aguilar
Lunes 26 de octubre del 2026
La presidenta de la Comisión de Comercio Exterior del Congreso del Estado, Ana Laura Huerta Valdovinos, consideró que las demandas planteadas por transportistas a nivel nacional son legítimas, aunque sostuvo que los principales problemas de inseguridad que afectan al sector no se presentan actualmente en Tamaulipas.
Lo anterior, luego de las movilizaciones realizadas por organizaciones de autotransporte para exigir mayores condiciones de seguridad en las carreteras del país y denunciar robos, extorsiones y otros delitos que afectan las operaciones del sector.
La legisladora señaló que respeta el derecho de los transportistas a expresar sus inconformidades, aunque manifestó su desacuerdo con cualquier acción que pueda afectar la circulación o generar obstáculos al comercio.
«Ellos tienen propuestas claras, pero la verdad es que en Tamaulipas la situación es muy diferente al resto del país y eso lo tenemos que dejar muy claro», expresó.
Huerta Valdovinos afirmó que recientemente sostuvo reuniones con integrantes de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), quienes reconocieron una mejora significativa en las condiciones de seguridad para el transporte de mercancías dentro de territorio tamaulipeco.
«Ellos realmente están agradecidos porque la situación en Tamaulipas cambió diametralmente; es una cosa muy diferente de cómo estaban antes», señaló.
No obstante, reconoció que las mercancías que salen de Tamaulipas deben continuar su trayecto hacia otras entidades del país, donde persisten problemas relacionados con robos, secuestros y actos de violencia que impactan la operación logística nacional.
La diputada consideró que dichas problemáticas son consecuencia de rezagos acumulados durante años y sostuvo que los distintos niveles de gobierno deben continuar fortaleciendo las estrategias de seguridad para evitar afectaciones al comercio y a las cadenas de suministro.
Por último, expresó su confianza en que las demandas del sector transportista sean atendidas por las autoridades correspondientes para evitar mayores repercusiones económicas y garantizar el flujo de mercancías en el país
