Golpe a golpe
Por Juan Sánchez Mendoza
La nueva Ley de Economía Digital, que regulará los pagos electrónicos y el cobro digital (aprobada anteayer por el Senado de la República), entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Con esto iniciará el fin de las transacciones en efectivo. Primero de los servicios públicos, el peaje carretero y el consumo de combustibles.
Así que, en lo sucesivo, todas las transacciones comerciales (por esos conceptos) deben ser cubiertas con tarjetas bancarias (crédito o débito) y/o transferencias, dizque para modernizar el sistema financiero de México.
Sucesivamente la disposición causará efectos en el rubro comercial. Y obviamente, en el comercio informal –éste aporta cerca del 25 por ciento al Producto Interno Bruto (PIB) nacional y emplea a más del 54% de la fuerza laboral del país, según datos recientes del INEGI–, que opera como ‘motor’ de la economía cotidiana y del flujo monetario efectivo.
Sin embargo, los promotores de esa nueva disposición se pasaron por el arco del triunfo el hecho de que no todos los mexicanos productivos (que suman millones) están preparados para abandonar el dinero físico y menos repararon en las desigualdades económicas y tecnológicas del país porque simple y llanamente recibieron ‘línea’.
De otra forma no se justifica tanta agresión.
Esa gradual desaparición del efectivo (en las transacciones cotidianas) representa un cambio significativo en las formas de compra y venta, para el cumplimiento de las obligaciones fiscales, pues ofrece ventajas (en materia de seguridad, registro de operaciones y reducción de los riesgos asociados con el manejo de billetes y monedas), no explicadas adecuadamente por la autoridad hacendaria. Pero también confusión e incertidumbre.
Lo considero porque, una cosa es promover alternativas digitales para tener el control de la economía propia y otra cosa muy distinta, convertirlas en obligación generalizada.
La diferencia no es menor, particularmente en un país donde una parte de la población depende del efectivo para administrar sus ingresos, realizar compras básicas y mantener pequeños negocios.
Esta disposición legal, progresivamente podría extenderse a la compra de bienes muebles e inmuebles y las operaciones en centros comerciales, mueblerías, zapaterías, tiendas de ropa y otros establecimientos, hasta alcanzar incluso las tiendas de conveniencia, los pequeños comercios y los negocios informales, como taquerías y expendios de comida.
El problema consiste en determinar si esta innovación responde a una estrategia integral de inclusión financiera o si corre el riesgo de convertirse en una nueva barrera para el cumplimiento de quienes no cuentan con los recursos, los instrumentos bancarios o los conocimientos necesarios para operar en un entorno completamente digital.
Y es que no todos los causantes tienen una tarjeta bancaria. O acceso permanente a internet, como regularmente sucede con quienes habitan en las orillas de incontables cabeceras municipales, ejidos, rancherías y hasta congregaciones.
Tampoco todos los establecimientos disponen de terminales de pago, conectividad estable o márgenes de ganancia suficientes para absorber las comisiones que pueden generar determinadas operaciones electrónicas.
Para los grandes establecimientos, esta adaptación tecnológica podría representar una inversión asumible. No así para el pequeño comerciante, ya que incorporar el nuevo sistema podría significarle nuevos costos, obligaciones administrativas y dificultades operativas.
Y para los consumidores que viven al día, cualquier comisión, demora o falla en los sistemas de pago puede convertirse en un inconveniente que afecte directamente su economía.
A ello se suma otra preocupación valedera: la protección de los datos personales y financieros. Cuanto mayor sea la cantidad de operaciones realizadas por medios electrónicos, mayor será la importancia de garantizar la seguridad de la información, prevenir fraudes y establecer mecanismos eficaces de reclamación ante cargos indebidos o transferencias erróneas.
La digitalización también puede contribuir a combatir la evasión fiscal y facilitar la trazabilidad de las transacciones. No obstante, esos objetivos no deben utilizarse como argumento para ignorar las condiciones de millones de personas que todavía encuentran en el efectivo el medio más accesible para realizar sus actividades cotidianas.
Además, es indispensable distinguir entre las restricciones específicas al uso de efectivo en determinadas operaciones y una supuesta eliminación general del dinero físico. Por eso, antes de aceptar que éste desaparecerá, la autoridad hacendaria está obligada a precisar qué disposiciones entrarán en vigor, a quiénes obligan y cuáles son sus alcances reales.
La llamada modernización de los sistemas de pago, es una tendencia que difícilmente dará marcha atrás. Sin embargo, el avance tecnológico no puede medirse únicamente por la cantidad de transacciones electrónicas realizadas, sino también por la capacidad de garantizar que nadie quede excluido de la actividad económica por carecer de una cuenta bancaria, una tarjeta o acceso a internet.
La transición exige reglas claras, infraestructura suficiente, protección al consumidor, costos razonables y alternativas para quienes todavía dependen del efectivo. También requiere información oficial precisa que permita distinguir entre las obligaciones legales vigentes y las previsiones sobre futuras restricciones. Y el verdadero desafío no consiste solamente en sustituir billetes y monedas por números en una pantalla, sino en evitar que la modernización financiera termine convirtiéndose en una carga para los sectores más vulnerables.
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