CONFIDENCIAL
ROGELIO RODRÍGUEZ MENDOZA
La semana pasada cuestionábamos aquí un informe de la Codhet que, palabras más, palabras menos, presentaba los penales tamaulipecos como establecimientos donde todo marchaba razonablemente bien.
Sus visitadores, según ese reporte, no encontraron irregularidades que ameritaran recomendaciones. Ni una sola. Como si detrás de esos muros no hubiera absolutamente nada que corregir.
Nos resultaba inexplicable tanta tranquilidad, especialmente porque los penales de Tamaulipas llevan años acumulando reprobaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Algo sencillamente no cuadraba.
Y mire usted qué casualidad: la CNDH acaba de publicar su diagnóstico correspondiente a 2025. ¿Qué cree? Por enésima ocasión, Tamaulipas volvió a reprobar, ahora con calificación de 5.93.
Matamoros apenas alcanzó 5.04; Reynosa, 5.20, y Ciudad Victoria, 5.26. Tres de los cinco penales examinados reprobaron. Nuevo Laredo y Altamira fueron la excepción.
La evaluación documentó carencias médicas, alimentarias y de higiene, insuficiencia de custodios y actividades ilícitas. En Reynosa, incluso, encontró condiciones de autogobierno o cogobierno.
Y no hablamos de simples fallas administrativas. Son deficiencias que comprometen la seguridad de los establecimientos penitenciarios y vulneran los derechos de quienes permanecen privados de su libertad.
Y aquí viene la pregunta inevitable: ¿cómo pudieron los visitadores de la Codhet no encontrar motivos para recomendar correcciones donde la CNDH detectó semejantes deficiencias?
No se trata de exigir recomendaciones por capricho ni de convertir una calificación en sentencia. Se trata de explicar dos diagnósticos que parecen describir cárceles diferentes.
Porque, se supone, la razón de existir de los organismos defensores de derechos humanos es vigilar, denunciar y exigir correcciones, no extender certificados de buena conducta a las autoridades.
Pero el problema va mucho más allá de esa contradicción. Lo verdaderamente grave es que, después de tantos años de diagnósticos y observaciones, los penales sigan sin cumplir adecuadamente su función.
Porque a prisión se va a cumplir una condena, sí, pero también debería existir la oportunidad de rehacer la vida. No de graduarse en escuelas del crimen.
Cuando faltan custodios, hay actividades ilícitas y los internos ejercen funciones de autoridad, hablar de rehabilitación suena más a discurso oficial que a una política penitenciaria seria.
Por supuesto que el problema es grave porque lo que ocurre dentro de una cárcel termina repercutiendo fuera de ella. Si fracasa la reinserción social, es la sociedad quien paga las consecuencias.
La Secretría de Seguridad Pública, que encabeza Carlos Arturo Pancardo, tiene cuentas pendientes y la Codhet también. Una debe corregir lo que ocurre tras los muros; la otra, abrir los ojos y cumplir con su responsabilidad.
Desde luego, hay que reconocer los esfuerzos que viene realizando el Gobierno del Estado para mejorar las condiciones penitenciarias. Sería injusto desconocerlos, aunque evidentemente todavía resultan insuficientes.
Porque el desafío es enorme y exige mucho más que buenas intenciones. Se necesitan recursos, personal, vigilancia y decisiones firmes para transformar verdaderamente las prisiones.
EL RESTO.
El robo a las escuelas públicas tiene rebasadas a las autoridades, tanto las de Educación como las de Seguridad Pública.
Lo más preocupante es que el fracaso en el combate a ese delito no se debe a falta de capacidad institucional sino a la ausencia de voluntad para atender el problema.
Ya va siendo tiempo de que los secretarios de Educación, Miguel Ángel Valdez, y el de Seguridad Pública, Carlos Arturo Pancardo, pasen del discurso a los hechos, con la implementación de
acciones preventivas que frenen a los delincuentes. Está probado que los amagos discursivos no bastan para asustar a los ladrones.
ASÍ ANDAN LAS COSAS.
