CONFIDENCIAL
Por ROGELIO RODRÍGUEZ MENDOZA.
Durante los sexenios de Eugenio Hernández Flores, Egidio Torre Cantú y, sobre todo, del panista Francisco García Cabeza de Vaca, se volvió práctica institucional la entrega de pensiones por decreto.
Se cuentan por decenas los beneficios de ese tipo que fueron autorizados por el Congreso del Estado a propuesta del gobernador en turno.
Vale decir que la figura, por sí misma, no tiene nada de irregular. Incluso está prevista en la Constitución de Tamaulipas para determinados casos.
Durante los años más violentos que ha padecido el estado sirvió, por ejemplo, para proteger a las familias de policías de la Secretaría de Seguridad Pública y servidores públicos de las áreas de procuración de justicia que perdieron la vida en el cumplimiento de su deber, que se contaron por decenas.
Era la época de terror que vivió Tamaulipas por la sangrienta guerra entre grupos del crimen organizado, cuando salir a patrullar significaba, literalmente, jugarse la vida.
También hubo pensiones para policías que quedaron discapacitados como consecuencia de enfrentamientos con la delincuencia. Eran, sin duda, pensiones justificadas.
El problema vino después, cuando una figura creada para atender situaciones excepcionales comenzó a utilizarse con demasiada frecuencia y aparecieron beneficiarios cuya justificación pública resultaba, cuando menos, difícil de explicar.
En algunos casos quedaba la impresión de que el principal mérito era la cercanía con el gobernador en turno o con algún funcionario influyente.
Casi siempre aparecía la misma frase para justificar el beneficio: el reconocimiento “a los servicios eminentes prestados al Estado”. Como si esos servicios se hubieran prestado gratuitamente.
Y ahí está precisamente el punto.
Una cosa es reconocer a quien arriesgó la vida, quedó incapacitado o dejó en la indefensión económica a su familia mientras cumplía con una responsabilidad pública, y otra muy distinta utilizar dinero del erario para premiar compadrazgos, lealtades o amistades políticas.
Porque ninguna pensión de ese tipo sale del bolsillo del gobernador que la propone ni de los diputados que la aprueban. Sale del presupuesto público.
Dinero que, le recuerdo, pagamos usted y yo de nuestros bolsillos.
Y no se trata solamente de cuánto recibe cada beneficiario. El problema es que una pensión puede representar una obligación presupuestal durante muchos años. Una decisión tomada en unos cuantos minutos por una administración puede seguir costándole al erario cuando quienes la autorizaron ya dejaron el poder.
Por todo ello cobra relevancia la iniciativa que el gobernador, Américo Villarreal Anaya, acaba de enviar al Congreso del Estado para reformar el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública y facultar a la Secretaría de Administración para revisar la nómina de pensiones otorgadas por decreto.
La dependencia podrá revisar los expedientes y presentar al gobernador propuestas de modificación o cancelación cuando considere que las condiciones que dieron origen al beneficio cambiaron o dejaron de existir.
Eso tampoco significa que una pensión pueda desaparecer de un plumazo.
Lo importante será revisar caso por caso y separar con absoluta claridad las pensiones legítimamente justificadas de aquellas cuya permanencia ya no tenga sustento.
Porque sería igualmente injusto meter en el mismo costal a la viuda de un policía caído en cumplimiento de su deber que a quien recibió un beneficio por razones mucho menos claras.
Ahí estará el verdadero reto de la revisión.
No se trata de escatimar derechos ni de regatearle apoyo a quien lo merece. Se trata de revisar una nómina que durante años prácticamente permaneció intocable y comprobar que cada peso que sigue saliendo del erario tenga una justificación.
Después de tantos años, abrir esos expedientes puede resultar bastante revelador.
EL RESTO
¿CON DEDICATORIA A QUIÉN?.- La semana anterior, legisladores de Morena ingresaron una iniciativa que busca reformar el Código Municipal para impedir que los alcaldes puedan paralizar sus Cabildos.
Actualmente, la facultad de convocar a sesión recae en los presidentes municipales, por lo que la acción legislativa permitiría que la tercera parte de los regidores emita la convocatoria cuando el alcalde no lo haga.
La pregunta es inevitable: ¿para quién lleva dedicatoria la iniciativa?
La sospecha surge porque Morena se acerca a un proceso en el que comenzará el reparto de candidaturas rumbo a 2027 y no sería extraño que algunos alcaldes que aspiren a repetir influencia política terminen inconformes si las decisiones partidistas no les favorecen.
De ahí la interrogante.
¿Se están preparando desde ahora para evitar que algún presidente municipal inconforme utilice el Cabildo como instrumento de presión?
Porque, de aprobarse la reforma, el alcalde dejaría de tener en exclusiva la llave para convocar al máximo órgano de gobierno municipal.
Por lo pronto, la iniciativa está sobre la mesa.
FEUDOS SINDICALES.- En Tamaulipas, muchos comités sindicales parecen haberse convertido en feudos, o en pequeñas islitas de poder de quienes los encabezan.
Desde esa posición privilegiada, algunos dirigentes manejan con enorme discrecionalidad los presupuestos, las posiciones internas y los programas de apoyo destinados precisamente a la clase trabajadora que dicen representar.
Y el fenómeno no parece exclusivo de una sola organización.
Ocurre en el SUTSPET, en el SNTE y en el sindicato de Salud, entre otros.
Lo preocupante comienza cuando una dirigencia sindical deja de entenderse como una responsabilidad temporal y empieza a comportarse como patrimonio personal o familiar.
Quienes llegan a esas posiciones no reciben en propiedad el sindicato.
Lo administran y representan durante determinado tiempo.
Sin embargo, basta observar cómo se distribuyen algunas de las principales carteras para encontrar hermanas, primos, tíos, compadres y amigos cercanos colocados alrededor de las dirigencias.
Ya le daremos a usted detalles y nombres.
ASÍ ANDAN LAS COSAS.
