La Comuna

José Ángel Solorio Martínez

Apenas se apaga un escándalo que impacta el prestigio y la credibilidad del aparato de justicia en el sur de Tamaulipas y brota otro con mayor fuerza y onda expansiva. Primero el robo de 11 hectáreas en Playa Miramar, que tiene en vilo al exalcalde Adrián Oseguera Kernion; más tarde, el pillaje de 7 hectáreas de manglares en la Laguna del Carpintero, ejecutado por la alcaldesa Mónica Villarreal Anaya; en seguida, la tortura y violación de estudiantes de la escuela militarizada Doenitz; siguió el robo masivo ejecutado por doña Carmen “N”; y ahora, más de medio centenar de ciudadanos se amotinaron pidiendo todo el rigor de la ley para quienes los defraudaron con el señuelo de recibir un coche nuevo.
Todo eso en menos de tres meses.
En ninguno de los casos, las fiscalías y los juzgados, han dado respuestas válidas a los afectados.
El asunto de Playa Miramar tiene años.
No hay investigaciones ni responsables del monstruoso daño a la nación con el cual se llevaron al baile a particulares.
No se sabe, que hayan citado al principal incitador del fraudulento negocio: Oseguera Kernion.
El caso de la Laguna del Carpintero, cuando se tienen pruebas más que concretas de la donación-regalo del predio -en franco reto a la Federación porque esos vasos lacustres, están bajo la potestad y propiedad del gobierno central- que la transacción de origen es ilegal, no fiscalías ni Poder judicial del estado, han dicho pío.
Obvio: Mónica es la patrocinadora central de ese movimiento que horroriza a los tampiqueños por el despojo de terrenos públicos y patrimonio de todo el sur tamaulipeco.
¿Y las Fiscalías?
Nada.
Indigna esa ola privatizadora.
Lo peor: promovida por actores prominentes de la IV T y su Segundo Piso.
Lo grave: se está otorgando a los capitales privados bienes de la comunidad.
El misterio de la academia militarizada sigue sin resolverse. A casi 100 días de los ominosos hechos que sufrieron centenares -ahora se sabe- de estudiantes, no se ha resuelto un solo caso; a pesar de las múltiples denuncias.
El más reciente acontecimiento de vejación social es de una empresa de Nuevo León, que defraudó a 54 ingenuos ciudadanos, que aspiraban a obtener un carro de agencia. Dieron un adelanto y desaparecieron, quienes atendían el negocio.
Se calcula en millones el golpe de los ladrones nuevoleoneses.
Los investigadores no dan pie con bola.
La justicia en la zona conurbada sigue desaparecida.
Es evidente el hartazgo social por la inexistencia de entes justicieros.
¿Tendrá costos político-electorales ese vacío institucional?