El Patinadero
Juan Antonio Montoya Báez
Hace algunos días, en una de las «humildes» mesas del Casino Victorense, almorzaban muy quitados de la pena dos de los secretarios más poderosos del gabinete, excelentemente acompañados por una guapa asistente. Qué bonita es la vida burocrática de alto nivel.
Lástima que en los últimos días las cosas no pinten de la mejor manera para uno de ellos. Y es que, desde las alturas del mismísimo tercer piso, se emitió una de esas órdenes fulminantes que no admiten réplica: dictaron el cese de uno de sus sobrinos. Sí, ese que casualmente era su hombre operativo, su sombra cercana y el guardián de todas sus confianzas.
El muchacho fungía astutamente como su jefe de seguridad, posición para la cual su poderoso tío lo había transformado mágicamente en elemento de la Secretaría de Seguridad Pública. Era su guardia personal, su compinche y el cómplice perfecto de sus silencios. No había incomodidades mutuas; al contrario, se respiraba una tremenda paz bajo el peso de su complicidad.
Nadie dice oficialmente el motivo del despido, aunque los rumores corren como pólvora. Seguramente el asunto fue lo suficientemente turbio como para que el Secretario ni siquiera metiera las manos por él. Eso sí, lo sacaron de la nómina de la SSP, pero no se preocupen: sigue bien cobijado en su staff personal. Ni modo que el funcionario tenga problemas de liquidez para sufragarle su salario mensual. Faltaba más.
Haciendo un poco de memoria, en los tiempos en que Enrique Rivas Cuéllar —del glorioso Partido Acción Nacional— gobernaba Nuevo Laredo, el hombre tenía su selecta lista de empresas favoritas. Entre ellas destacaba Segartek, una firma que se volvió experta en estar en el ojo del huracán por sus mañas como «facturera». Ofreció sus «servicios» durante 2017 y 2018, acumulando acusaciones por compras más que irregulares y por registrar domicilios fantasmas.
Pero el verdadero negocio llegó con la desgracia. Segartek vio en la epidemia de Covid una mina de oro y firmó contratos millonarios con la Secretaría de Salud, entonces representada por Gloria Molina en el inolvidable sexenio del exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Para que quede constancia en las actas de la infamia, hablamos de Segartek, S. de R.L. de C.V. (RFC: SEG130404AY4), representada por Aarón Juárez Ortiz, con un domicilio fiscal en Ciudad Madero que parecía más de utilería que de verdad.
Este genio de las finanzas, Aarón Juárez, resultó ser el dueño de una de las tres empresas que más concursos ganaron en el primer año de la pandemia en Tamaulipas, embolsándose la bicoca de 70 millones de pesos. Su empresa resultó tan «multifacética» que lo mismo vendía batas quirúrgicas desechables con un descarado sobreprecio del 500 por ciento. Todo un filántropo de la salud pública.
Por supuesto, su nombre brilla con luz propia en los expedientes de la Fiscalía Anticorrupción cabecista por sus ligas con Rivas Cuéllar, quien terminó siendo un alcalde bastante incómodo para el exmandatario estatal. Y es muy probable que su nombre también adorne las investigaciones de la actual administración, que sigue rascando las compras infladas en plena crisis sanitaria.
Pues bien, volviendo al Casino Victorense, resulta que los comensales de aquella mesa eran el secretario de Finanzas, Carlos Ramírez, y el secretario de Obras Públicas, Pedro Anaya. Al menos uno de ellos conoce a la perfección al bendecido Aarón Juárez y a sus dos hermanos. Y cómo no, si pasaron de vender batas médicas con sobreprecio a ganar contratos monumentales en rubros mucho más ambiciosos.
La relación es tan estrecha y fraterna que operan con el finísimo estilo de los Carmona: una flamante camioneta Denali color guinda fue enviada directamente como «regalo» o «préstamo» a uno de los dos secretarios. Las indiscreciones son tan evidentes que rayan en el descaro, pero ya sabemos que con el olor a billetes frescos se olvida rápido si el proveedor fue el consentido del panismo.
Al final del día, una Denali es un anzuelo irresistible a cambio de contratos de obra pública. Solo es cuestión de cuadrar cómo facturar y definir cuánto dinero debe retornar «limpiecito» al escritorio del funcionario.
Y hablando de contratistas consentidos y de la Fiscalía Anticorrupción, un nuevo y entretenido capítulo está por escribirse. Las malas lenguas aseguran que las autoridades están a nada de iniciar el decomiso de unidades en contra del empresario Ricardo «N», por aquello de un pequeño enredo en la entrega irregular de contratos que suman unos 350 millones de pesos.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción va decidida por el aseguramiento de al menos cinco unidades, entre grúas y camiones pesados, propiedad de la empresa Casa Casve MX.
Todo esto dentro de las pesquisas por presunto enriquecimiento ilícito mediante contratos amañados con Seguridad Pública y el Secretariado Ejecutivo estatal. El decomiso de la maquinaria se ejecutará bajo la sospecha de que este parque vehicular no es más que el fruto de operaciones con recursos de procedencia muy, pero muy dudosa.
En fin, por hoy es todo.
Adiós y mucho cuidado con los patinazos…
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