Alberto Serna
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El coordinador estatal del Partido del Trabajo (PT), Alejandro Ceniceros Martínez, consideró que la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la reforma electoral de Tamaulipas debe servir para discutir los alcances que pueden tener las disposiciones electorales cuando están de por medio los derechos políticos de las personas.
El dirigente petista explicó que, de acuerdo con la resolución del máximo tribunal, las modificaciones fueron invalidadas debido a que su publicación ocurrió dentro del plazo de 90 días anteriores al comienzo del proceso electoral, periodo durante el cual no pueden realizarse cambios fundamentales a las reglas electorales.
Desde la perspectiva del PT, dijo, el tema también obliga a poner sobre la mesa la presunción de inocencia, particularmente cuando una persona enfrenta un procedimiento penal y sus derechos político-electorales podrían verse afectados.
Ceniceros Martínez remarcó que estar sujeto a un proceso judicial no equivale a tener acreditada una responsabilidad penal y recordó que la prisión preventiva tiene naturaleza cautelar.
El petista advirtió que establecer una relación directa entre una acusación y la pérdida de derechos políticos podría generar consecuencias antes de que exista una resolución definitiva de un tribunal.
Para ejemplificarlo, recordó el proceso electoral de 2021 en Soto la Marina, donde Habiel Medina Flores fue reemplazado como candidato mientras enfrentaba un procedimiento penal. Posteriormente, señaló, recuperó su libertad después de que se modificara la medida cautelar.
“Cuando ocurrió la elección, la candidatura ya había desaparecido”, expuso Ceniceros Martínez, al considerar que aquel episodio permite dimensionar las consecuencias que puede tener una determinación política anticipada cuando todavía no existe una sentencia firme.
El coordinador estatal del PT sostuvo que la defensa de los derechos fundamentales no debe depender de la militancia de una persona ni de la fuerza política a la que pertenezca.
“No podemos defender la presunción de inocencia solamente cuando el acusado pertenece a nuestro partido y olvidarla cuando pertenece al adversario”, afirmó.
En ese mismo sentido, agregó: “Los derechos no son permisos del poder; son garantías de todas las personas”, al insistir en que las instituciones deben actuar bajo criterios que protejan las garantías individuales sin distinciones partidistas.
Ceniceros Martínez aseguró que el PT continuará planteando una postura en favor de que cualquier responsabilidad penal sea determinada mediante un procedimiento en el que se respeten las garantías de los involucrados.
“Que se investigue, que se juzgue y que se sancione cuando se demuestre responsabilidad, pero que nadie sea convertido anticipadamente en culpable para quitarle sus derechos”, concluyó.
