Alberto Serna
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La exsecretaria de Salud de Tamaulipas, Gloria de Jesús Molina Gamboa, rompió el silencio sobre las denuncias penales que enfrenta por contratos celebrados durante la administración del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca, al asegurar que las decisiones relacionadas con determinados proveedores respondieron a instrucciones que, según su versión, provenían directamente del entonces mandatario estatal.
Molina Gamboa, quien estuvo al frente de la Secretaría de Salud entre 2017 y 2022, explicó que aceptó hacer pública su postura debido a los procedimientos penales que enfrenta y con el propósito de exponer cómo, desde su perspectiva, se tomaron las decisiones administrativas durante ese periodo.
De acuerdo con su relato, al asumir la Secretaría existió una división de responsabilidades; mientras ella estaría a cargo de los aspectos técnicos y operativos de la dependencia, la Subsecretaría de Administración y Finanzas tendría bajo su responsabilidad el manejo de la proveeduría y de los contratos considerados de relevancia económica o política.
La exfuncionaria aseguró que durante su gestión recibió instrucciones a través de dicha subsecretaría para adjudicar contratos de obra y servicios a empresas identificadas como Grupo Industrial Permar y Hoser, a las que vinculó con compromisos económicos y políticos y con el empresario Sergio Carmona.
Molina Gamboa señaló que el cumplimiento de esas indicaciones era conocido y supervisado por Alejandro Aguilar Pogner, quien se desempeñaba como subsecretario de Administración y Finanzas. Como parte de sus argumentos, hizo referencia a información que, según dijo, fue presentada durante una conferencia de prensa de la Secretaría de Salud del actual Gobierno estatal el 25 de agosto de 2025.
Las contrataciones mencionadas, afirmó, forman parte de las denuncias penales que actualmente enfrenta, junto con otros exservidores públicos. Sin embargo, rechazó que su declaración tenga como objetivo deslindarse de las responsabilidades que pudieran corresponderle.
“No hago esto para evadir mis obligaciones, pues asumo la responsabilidad que corresponda”, manifestó.
La exsecretaria consideró que el proceso no debería concentrar las responsabilidades únicamente en funcionarios subordinados, por lo que pidió que las investigaciones contemplen a quienes tenían capacidad de decisión dentro de la estructura gubernamental.
“No es justo que toda la responsabilidad se concentre en cargos subalternos, dejando fuera a quien daba las indicaciones y ejercía la máxima autoridad en la administración estatal”, sostuvo.
Molina Gamboa también destacó su trayectoria en el servicio público y afirmó que cuenta con más de 35 años de desempeño sin antecedentes de irregularidades. En ese sentido, solicitó formalmente que las autoridades revisen la totalidad de la estructura de decisiones relacionada con los contratos que hoy son materia de investigación.
“Solicito a las autoridades que se investigue toda la cadena de mando de esas decisiones”, expresó.
Finalmente, la exfuncionaria manifestó preocupación por las posibles consecuencias de sus declaraciones y pidió que, si posteriormente se presenta algún acto de intimidación, amenaza o afectación en contra de ella o de su familia, las autoridades competentes investiguen los hechos tomando en cuenta el contexto de las acusaciones que hizo públicas.
