Golpe a golpe

Por Juan Sánchez Mendoza

El proceso electoral concurrente 2026-2027 fue puesto en marcha el jueves próximo pasado (septiembre 10). Y a partir de entonces, cualquier actividad proselitista podría considerarse como acto anticipado de campaña.

No obstante, Movimiento Regeneración Nacional (morena) vulnera, sin recato alguno, y desde hace tiempo, el marco legal, al solapar la promoción de sus mentadas ‘corcholatas’ (léase precandidatos), disfrazándolas con la figura de coordinadores de defensa de la transformación y la soberanía.

Además, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo realiza una campaña de posicionamiento político por todo el país con el rollo de informar en cada entidad cuanto su administración ha hecho en beneficio estatal.

A la fecha, el membrete guinda sólo ha definido cinco ‘coordinaciones’, de corte estatal –respecto a las 17 candidaturas gubernamentales que, por cierto, ya están en juego, aunque en los próximos días se esperan los otros doce ‘destapes’–, aplazando los tiempos para mediante argucias (también) imponer más de 21 mil precandidatos a cargos de representación popular.

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), unos 102 millones de mexicanos serán llamados a las urnas. Un padrón inédito, para el que la autoridad electoral prevé la instalación de 176 mil 141 casillas. Más de seis mil adicionales a las instaladas en la elección presidencial de 2024.

Sin embargo, pocos son los partidos políticos (de los ocho registrados) que cuentan con la nomenclatura suficiente para cubrir tantos espacios, por lo que, alterar resultados, le sería sencillo a morena. Sobre todo, en terreno rural, donde la población sería atemorizada de que al votar por la oposición perderían los apoyos sociales.

En fin, eso es tema que amerita análisis por separado.

Respecto a la instalación del proceso electoral concurrente, no está de más comentar que (en éste) jugarán ocho membretes: morena, Movimiento Ciudadano (MC), Partido Acción Nacional (PAN), Partido del Trabajo (PT), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Verde Ecologista de México (PVEM), PAZ y Somos.

Pero los escenarios marcan que morena lleva ventaja ante la falta de una oposición fuerte y organizada.

Ciertamente hay millones de ciudadanos hartos de morena. Pero en la oposición no hay liderazgos convincentes, que arrastren y animen el voto a favor suyo, aun existiendo las condiciones para que así sea.

En cuanto al respeto al marco legal, una cosa es lo que establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes y las autoridades electorales, y otra, muy distinta, la forma en que los partidos políticos acostumbran interpretar las reglas cuando éstas les resultan incómodas o cuando encuentran resquicios para eludirlas.

En ese terreno, el membrete guinda lleva tiempo jugando con ventaja.

Las ‘corcholatas’ son coordinadores de defensa de la transformación y la soberanía; mañana podrían ser cualquier otra cosa, siempre y cuando el nombre permita ocultar lo evidente, que se trata de personajes promovidos para competir por un cargo de elección popular.

Es decir, cambian la etiqueta, pero no en el fondo.

Y no dejan de ser precandidatos sólo porque morena decida llamarlos ‘coordinadores’. Y una campaña no pierde su naturaleza proselitista por el simple hecho de que, quienes ahí participan, insistan en que su presencia pública obedece a tareas partidistas, informativas o de organización territorial.

La simulación política, por desgracia, se ha convertido en uno de los instrumentos más utilizados para burlar el espíritu de la ley, sin reconocer abiertamente que se le está violentando.

En consecuencia, tendrían que actuar las autoridades electorales.

No para perseguir selectivamente a unos y tolerar a otros, sino para hacer cumplir las mismas reglas a todos, porque cuando la ley se aplica con rigor a la oposición y con excesiva flexibilidad al partido gobernante, la competencia deja de desarrollarse en condiciones de equidad.

Más, cuando la jefa del Ejecutivo federal realiza una campaña abierta.

Así que, al respecto, habría que preguntarse dónde termina el informe institucional y dónde comienza la promoción política.

La diferencia no siempre es clara cuando los actos públicos se multiplican, se realizan ante concentraciones multitudinarias y sirven, al mismo tiempo, para fortalecer la presencia territorial y política del movimiento que hoy gobierna al país.

Sobre todo, cuando el proceso electoral ya está en marcha y morena mantiene una maquinaria en permanente actividad.

Mediante distintos procedimientos, y seguramente no pocas argucias políticas y partidistas, morena tendrá que resolver la forma de seleccionar o imponer, según corresponda, a más de 21 mil precandidatos que buscarán cargos de representación popular.

Es una estructura gigantesca, considerando a funcionarios electorales.

Sin embargo, no significa que los resultados puedan ser alterados.

Pero sí abre espacios de vulnerabilidad, particularmente en regiones rurales y apartadas, donde el control político suele ser mayor y la presencia de los partidos opositores, en ocasiones, es prácticamente inexistente.

Más aún cuando persiste el temor, real o inducido, de que votar contra el partido gobernante pudiera traducirse en la pérdida de programas y apoyos sociales.

Y ése es un asunto delicado, pues los programas sociales pertenecen a los ciudadanos, no a un partido político. No son propiedad de morena, del gobierno federal ni de funcionario alguno. Fueron creados y se sostienen con recursos públicos.

Por tanto, nadie debería sentirse obligado a entregar su voto a cambio de conservar un beneficio al que tiene derecho.

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