Por: Luis Enrique Arreola Vidal.
La pregunta no es sólo quién cobró.
Es quién autorizó, quién revisó, quién recibió y quién pagó.
¿Y por qué una parte de esa cadena termina en una casa de fraccionamiento?
Según la prensa de Victoria, Ricardo A. Casanova Márquez, de Llera, aparece ligado a Casa Casve MX y Grupo ID Rec, empresas con contratos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas (SSPT) y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP) por montos que superarían los 350 millones de pesos.
Su carácter exacto —accionista, representante, administrador o apoderado— debe salir de los registros mercantiles y de los expedientes, no de una coincidencia de apellido.
Una nota no sustituye al folio.
Lo que sí exige expediente es la independencia de los proveedores.
Casa Casve MX declara domicilios en viviendas de Valle de Aguayo, Las Rosas y Villarreal.
Eso no prueba incapacidad.
Prueba que hay que preguntar dónde estaban las oficinas, el almacén, la nómina y el equipo el día en que el Estado le compró seguridad.
Grupo ID Rec se constituye en septiembre de 2022, días antes del inicio del sexenio, y después entra a un procedimiento de antenas satelitales.
En ese concurso, Casve ofrece 4.9 millones; ID Rec ofrece 4.23 y se queda con el contrato.
Diez días.
Dos razones sociales.
Una competencia que el expediente tendrá que demostrar que fue real.
¿Quién integró la lista?
¿Quién dictaminó que eran competidoras?
¿Quién firmó el fallo?
Firmar es responsabilidad.
Explicar el camino hasta la firma también.
En esa ruta aparecen, entre otros, Porfirio González Reyes y Juan Diego Guadalupe Alemán Puga.
El expediente debe decir qué atribución ejerció cada uno en cada etapa.
Sin eso, hay firmas en el contrato, pero nadie rinde cuentas por ellas.
Una exsocia denunció a Casanova por presunto despojo, amenazas y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Hay carpeta.
Y carpeta no es sentencia.
Tampoco amarra, por sí sola, esos hechos a los pagos de la SSPT.
Sí obliga a cruzar socios, cuentas, representantes y proveedores con los contratos públicos.
La Auditoría Superior del Estado ha publicado revisiones de otros organismos.
En lo que está a la vista, no aparece una auditoría nominal de Casve e ID Rec.
Esa ausencia no prueba que nunca se hayan revisado.
Prueba que hay que pedir el expediente y medir su alcance.
La Comisión de Vigilancia puede —hoy— requerir a la ASE una fiscalización específica de la SSPT y el SESESP entre 2022 y 2026: contratos y anexos; invitaciones y dictámenes; RFC, accionistas y apoderados; domicilios; cuentas y subproveedores; propuestas económicas; autorizaciones de pago; actas de recepción; inventarios y números de serie; nóminas; bitácoras y facturas.
Un oficio.
Una fecha.
Un expediente completo.
No otro párrafo piadoso.
Si cumplieron, el papel lo dice.
Si hubo capacidad técnica, hay almacén, personal y entregables.
Si la competencia fue real, el fallo debe explicar por qué dos empresas relacionadas sentaron a la misma mesa y cómo se garantizó que detrás de ambas ofertas no estuviera la misma mano.
Porque el problema ya no es solamente quién vendió.
Es quién lo dejó vender.
Quién lo invitó.
Quién lo calificó.
Quién recibió.
Y quién pagó.
La casa es el síntoma.
El sello es el caso.
Lo que ya no puede aceptarse es que el dinero público tenga ruta y no tenga responsable.
