Por Agustín Peña Cruz
Ciudad Altamira, Tamps.- La prevención y el diálogo entre padres de familia,
maestros, alumnos y autoridades deben ser la primera línea de defensa frente a
conflictos que puedan vulnerar los derechos de niñas, niños y adolescentes, afirmó
Francisca Arteaga, delegada municipal de la Procuraduría de Protección de Niños,
Niñas y Adolescentes del Sistema DIF Altamira.
La funcionaria explicó que la Procuraduría mantiene un trabajo directo con
instituciones educativas para identificar problemáticas antes de que escalen y
brindar herramientas tanto a las comunidades escolares como a las familias.
“Estamos trabajando con las instituciones. Apostándole a la prevención”, señaló
Arteaga al referirse a las actividades desarrolladas recientemente en planteles de
educación primaria y preescolar.
La estrategia, explicó, involucra a los principales actores de la comunidad educativa:
padres de familia, alumnos, maestros e instituciones. El objetivo es que los planteles
conozcan los mecanismos de atención y recurran a la Procuraduría cuando
enfrenten situaciones que puedan afectar a los menores.
Arteaga llamó a directores y docentes a identificar oportunamente las problemáticas
que surjan dentro de sus escuelas y comunicarlas a las autoridades de protección
infantil.
“Que tengan identificada la problemática de su escuela y que nos hagan saber esa
información para nosotros preparar la información y llevarla precisamente a los
alumnos o incluso a los padres de familia”, expresó.
La funcionaria subrayó que la participación de los padres también resulta
indispensable, particularmente cuando se pretende impartir información preventiva a
los estudiantes. Consideró necesario explicar a las familias el contenido y propósito
de las actividades para evitar resistencias y conseguir su participación.
Uno de los casos recientes atendidos por la Procuraduría ocurrió en la escuela
primaria “Amado Nervo” del Sector La Pedrera, donde se cuestionó una decisión
relacionada con la reducción del horario escolar de un alumno y se señaló un
posible contexto de discriminación y afectación emocional.

Arteaga informó que el conflicto fue atendido mediante la comunicación entre los
padres, las autoridades del plantel y las instituciones involucradas. Finalmente, se
alcanzó un acuerdo y se establecieron medidas de seguimiento.
“Encontramos, gracias a Dios, un punto de acuerdo. Pudimos establecer puntos
precisamente de seguimiento”, afirmó.
Respecto de la legalidad de modificar el horario de un estudiante, la procuradora fue
enfática en señalar que cualquier determinación de una institución educativa debe
sujetarse al interés superior de la niñez.
“Todas las instituciones que no privilegian el interés superior violan los derechos”,
sostuvo.
Precisó que pueden existir circunstancias en las que sea necesario realizar ajustes
dentro de un plantel, pero esas decisiones deben sustentarse en criterios
profesionales y nunca perder de vista la protección integral del menor.
En el caso de la primaria, consideró que la decisión originalmente planteada “no era
debida”, aunque resaltó que la intervención institucional permitió corregirla
oportunamente y restablecer el derecho del estudiante.
“En tiempo se atendió y ya se restablece el derecho”, afirmó.
Arteaga también señaló que, cuando las determinaciones escolares afectan los
derechos de un menor y no son respetadas las medidas de protección
correspondientes, los padres tienen vías de acción y pueden solicitar el
acompañamiento de la Procuraduría.
Aunque defendió el uso de los mecanismos legales, sostuvo que la primera
alternativa debe ser el diálogo.
“Siempre trato de privilegiar la vía del diálogo. Siempre vamos a apostarle a la
plática como mejor opción para dar solución a conflictos”, explicó.
La recomendación para las familias es acudir a las instituciones protectoras de los
derechos de niñas, niños y adolescentes, buscar la comunicación con las
autoridades educativas y agotar esa instancia antes de que un conflicto escale.
“El acercamiento, el diálogo, la comunicación con las autoridades educativas”
permiten, dijo, buscar una solución más rápida y “menos lesiva a los intereses de las
personas menores de edad”.
Para la Procuraduría, el objetivo no se limita a intervenir cuando un derecho ya fue
vulnerado. El énfasis, insistió Arteaga, es fortalecer la prevención para que las
comunidades escolares sepan detectar riesgos, actuar oportunamente y colocar en
el centro de sus decisiones el interés superior de la niñez.