Palabras libres

Por Edgar Joel Yépez Ibarra

La corrupción, la impunidad y la ambición desmedida marcan las dolencias sociales más profundas de nuestro país durante las últimas décadas, frenando la posibilidad de auténtico progreso humano.

Es doloroso atestiguar cómo la falta de aplicación de la ley y la protección para unos cuantos —la impunidad— permiten que quienes asumen cargos públicos, con valores erosionados, confundan el servicio a la ciudadanía como la oportunidad para el enriquecimiento personal y familiar, y exhiban el hambre por poder y fortuna.

Lo que estas personas no logran comprender es que cada peso desviado del erario hacia una chequera privada trunca los objetivos institucionales, traduciéndose en calles abandonadas, inseguridad, dolor social y pobreza lacerante.

Quien encabeza una responsabilidad pública debe comprender que los actos deshonestos no solo lastiman a la institución que representa, sino que sus decisiones egoístas dejan una huella de daño irreversible en el tejido social, cuyos estragos resuenan a lo largo de generaciones.

Mientras no exista la firme determinación de blindar a las instituciones con talento ético y profesional —evitando que la ambición, la ignorancia, la simulación y la falsedad se instalen en las oficinas públicas—, el avance social que tanto merecemos seguirá siendo una promesa postergada. Por tanto una verdadera fe en el cambio requiere aplicación de la ley para todo servidor nocivo sin importar el color político al que pertenezca.

Recordemos que la verdadera vocación pública se sostiene en principios inquebrantables: quien posee una auténtica formación ética no ofende, no abusa, no roba, no miente y, sobre todo, jamás vulnera la dignidad de los demás.