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Enrique Jonguitud
Ciudad Victoria, 31 de agosto.– La violencia entre estudiantes volvió a generar preocupación en Tamaulipas luego de que una pelea entre dos adolescentes, ocurrida en los sanitarios de la Secundaria Lauro Aguirre, en Tampico, fuera grabada y posteriormente difundida en redes sociales.
Ante este tipo de situaciones, la diputada del Partido Acción Nacional, María del Rosario González Flores, propuso aplicar encuestas de acoso y victimización en las escuelas secundarias de los municipios tamaulipecos donde se hayan registrado episodios de violencia entre jóvenes.
La legisladora señaló que contar con información actualizada permitiría identificar los planteles y comunidades donde existen mayores riesgos, así como establecer parámetros para conocer la frecuencia de las agresiones y evaluar los resultados de las acciones de prevención.
«Lo que buscamos es contar con parámetros actualizados y medibles que contribuyan a identificar focos rojos de violencia, así como para articular políticas públicas integrales focalizadas para su atención.»
González Flores advirtió que el caso ocurrido en Tampico podría no tratarse de un hecho aislado, debido a que las expresiones de violencia, humillación y acoso entre estudiantes pueden reflejar conflictos que también están presentes en los entornos familiares y comunitarios.
El planteamiento contempla que la Secretaría de Educación de Tamaulipas, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública federal, impulse el levantamiento de las encuestas en los municipios donde se hayan registrado hechos de violencia entre las juventudes.
De acuerdo con la propuesta, las escuelas requieren herramientas que permitan detectar oportunamente situaciones de riesgo y activar medidas de atención, debido a que sin mediciones periódicas resulta complicado determinar si la violencia escolar está disminuyendo o aumentando.
La iniciativa fue presentada ante la Legislatura 66 del Congreso de Tamaulipas y plantea utilizar los resultados de las encuestas para identificar focos rojos y orientar políticas públicas específicas en los planteles donde se detecten mayores niveles de acoso o victimización.
