EN PERSPECTIVA
POR: OMAR ORLANDO GUAJARDO LÓPEZ
— Rocha podía defender su inocencia, pero no comprometer al movimiento ni la posición de México frente a Washington.
— Ayer, la eficacia permitió conquistar el poder; hoy, los principios decidirán quién puede conservarlo.
— Sheinbaum habló de Alejandro Moreno para que el mensaje se escuchara en Washington.
Rubén Rocha Moya regresó al gobierno de Sinaloa con la conciencia tranquila, dijo. Treinta y tres horas después salió con una licencia definitiva, sin haber desmentido las acusaciones de Estados Unidos, cerrado las investigaciones de la Fiscalía General de la República ni recuperado políticamente la gubernatura.
Su breve regreso dejó otra cosa resuelta: los límites del poder dentro del movimiento. La Secretaría de Gobernación se deslindó, Morena le retiró el respaldo y legisladores, gobernadores y aliados le pidieron reconsiderar. Ese cierre de filas ocurrió porque Rocha había obligado a todos a responder por una decisión que tomó pensando únicamente en sí mismo.
El gobernador con licencia tenía derecho a defender su nombre, exigir pruebas y sostener su inocencia. Lo que no tenía era autorización política para utilizar al gobierno de Sinaloa en una defensa personal que comprometía al Gobierno federal, a Morena y a México frente a Washington.
Claudia Sheinbaum respondió con una frase que alcanzó mucho más que al gobernador: “Ningún interés personal, incluso por más legítimo que sea, está por encima del interés general”.
Ahí está el centro de la discusión. Un reclamo puede ser legítimo y una decisión jurídicamente posible, pero quien ejerce el poder también debe calcular las consecuencias de sus actos sobre el pueblo que gobierna, el proyecto al que pertenece y el país que representa.
Rocha quiso regresar porque, según su razonamiento, después de varios meses no existían elementos suficientes para impedirlo. Sheinbaum observó el cuadro completo: la investigación mexicana permanecía abierta, Estados Unidos sostenía sus acusaciones y la reincorporación permitía presentar a Morena como un partido dispuesto a proteger a un gobernador señalado por presuntos vínculos con el narcotráfico.
La presidenta calificó su decisión como imprudente y formuló la pregunta que terminó por desmontarla: “¿Qué necesidad había de regresar?”. La respuesta quedó contenida en las 33 horas que tardó Rocha en volver a pedir licencia, porque su retorno no aportó una sola prueba de inocencia y sí debilitó la posición mexicana frente a Estados Unidos.
México debe mantener su exigencia: el que acusa, prueba. También necesita impedir que esa defensa de la soberanía sea utilizada como escondite por cualquier funcionario que confunda el interés nacional con su conveniencia personal. Sheinbaum podía respetar la presunción de inocencia de Rocha y, al mismo tiempo, impedir que su regreso arrastrara al movimiento completo.
La posible inocencia del gobernador pertenece a la investigación. La inconveniencia de su retorno quedó resuelta políticamente cuando todos le retiraron el respaldo.
AYER, LA EFICACIA; HOY, LOS PRINCIPIOS
Para explicar el momento, Sheinbaum recuperó una frase de Andrés Manuel López Obrador: “La política es principios y eficacia”. Durante la construcción de Morena, ambas fueron necesarias, aunque la eficacia terminó ocupando un lugar determinante porque antes de transformar al país había que ganar el poder.
López Obrador abrió las puertas a políticos procedentes del PRI, el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano. Sumó estructuras regionales, liderazgos locales y grupos capaces de aportar votos; con ellos conquistó la Presidencia, construyó mayorías legislativas y extendió la marca de Morena por casi todo México.
El método funcionó, pero dejó sus propios problemas. Algunos entendieron la transformación como un proyecto político y otros descubrieron que cambiar de partido era más sencillo que cambiar de costumbres. No todos llegaron con nuevas convicciones; varios se limitaron a adoptar las consignas de la fuerza que ahora gobernaba.
La eficacia produjo victorias, mientras esas incorporaciones acumularon contradicciones que hoy amenazan con cobrarle al movimiento mucho más de lo que aportaron. Sheinbaum no desconoce el método de López Obrador cuando afirma que este es “tiempo de principios”; reconoce que Morena ha entrado en una etapa distinta y que las herramientas utilizadas para conquistar el poder no necesariamente sirven para conservarlo.
“Ante la duda, los principios, siempre”, dijo la presidenta. Ayer, ante la duda, la eficacia podía justificar una alianza, una incorporación o una candidatura porque la prioridad consistía en derrotar al viejo régimen y ocupar espacios; hoy, los principios tendrán que resolver quién merece permanecer después de haberlos conquistado.
La frase entra directamente en el proceso electoral de 2027. Cuando Morena seleccione candidaturas a gubernaturas, diputaciones y presidencias municipales, tendrá que decidir si todavía bastan una encuesta favorable, una estructura territorial y la promesa de triunfo para entregar su marca a personajes capaces de ganar una elección y comprometer después al proyecto completo.
Una encuesta puede medir popularidad, pero no extender certificados de buena conducta. Si el reclamo legítimo de un gobernador no fue suficiente para colocarlo por encima del interés general, tampoco debería serlo la rentabilidad electoral de quienes pretenden prolongar cacicazgos, proteger expedientes o heredar posiciones utilizando a Morena.
La eficacia permitió construir la mayoría que hoy gobierna; los principios deberán decidir rumbo a 2027 quién todavía merece formar parte de ella. Esa es la regla que Sheinbaum comenzó a imponer con la salida de Rocha.
EL MENSAJE ERA PARA WASHINGTON
La presidenta amplió después el alcance del caso Sinaloa. Habló de “un asedio externo importante de intentos de injerencia” y de quienes viajan al extranjero a rendir pleitesía, convencidos de que desde otro país pueden modificar la forma de gobierno en México o beneficiar a un partido sobre otro.
En ese momento, los viajes de Alejandro Moreno Cárdenas dejaron de parecer simples fotografías de cortesía en el Capitolio. El dirigente nacional del PRI se reunió en septiembre de 2025 y nuevamente en febrero de 2026 con María Elvira Salazar; dos meses después contrató a Concord Hill Strategies por 10 mil dólares mensuales para coordinar encuentros con funcionarios y congresistas estadounidenses, cuidar su imagen y facilitar oportunidades fotográficas.
Entre las personas registradas para trabajar directamente en la cuenta de Moreno aparece Martina Maietto, directora de Relaciones Públicas de la firma e hija de María Elvira Salazar. La congresista republicana preside el Subcomité del Hemisferio Occidental de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, desde donde puede convocar audiencias, solicitar información, enviar comunicaciones y colocar acusaciones ante el Departamento de Estado. También ha promovido medidas para negar visas a funcionarios extranjeros.
Las cancelaciones son decididas por el Departamento de Estado encabezado por Marco Rubio, otro republicano de Florida que comparte con Salazar la línea dura frente a los gobiernos de izquierda en América Latina. No hay a la vista una orden escrita por Alejandro Moreno solicitando el retiro de visas; hay algo mucho más habitual en política: interlocución, acceso y coincidencia de intereses.
Después de una ofensiva que ha retirado visas a decenas de políticos mexicanos y que alcanzó recientemente a Andrés Manuel López Beltrán, sería una candidez fingida observar por separado los viajes de Moreno, sus acusaciones contra el supuesto “narcogobierno”, el contrato para abrir puertas en Washington, la relación familiar de su operadora con Salazar y la capacidad de esa congresista para hacer llegar señalamientos hasta el Departamento de Estado.
Las casualidades políticas suelen ser muy trabajadoras. Algunas, incluso, cobran 10 mil dólares al mes.
La ruta permite entender por qué Sheinbaum habló de quienes buscan en el extranjero la fuerza que no obtienen dentro del país. Se lo dijo a Alejandro Moreno para que la escucharan María Elvira Salazar, Marco Rubio y las agencias estadounidenses que han convertido las visas en una sanción política capaz de marcar a un funcionario sin presentar públicamente las pruebas en su contra.
La oposición mexicana aporta nombres, versiones y acusaciones; sus interlocutores en Washington pueden darles alcance institucional y devolverlas revestidas con la autoridad del Gobierno estadounidense. Al vincular el “asedio externo” con quienes viajan a rendir pleitesía, Sheinbaum dejó claro que el Gobierno mexicano ya reconoció el circuito y también a quienes lo alimentan.
Su respuesta tendría poca autoridad si, mientras exige pruebas a Estados Unidos, permitiera que un gobernador señalado regresara al poder como si las investigaciones hubieran concluido. Obligar a Rocha a retroceder fortaleció la posición mexicana: la soberanía no servirá para encubrir a los propios, pero tampoco las acusaciones extranjeras sustituirán las pruebas ni el debido proceso.
Rocha creyó que regresaba al poder para defender su nombre y terminó obligando a Sheinbaum a definir un nuevo orden: los intereses personales no dirigirán al movimiento, la eficacia electoral no estará por encima de los principios y las decisiones de México no se tomarán desde las oficinas de Washington.
Esa regla llegará hasta las candidaturas de 2027. Entonces se sabrá si lo ocurrido en Sinaloa fue solamente una crisis de 33 horas o la primera señal de una nueva forma de conducción: Sheinbaum decidirá quién puede permanecer dentro del movimiento y no permitirá que las presiones de Washington definan el rumbo político de México.
