La Comuna

José Ángel Solorio Martínez

El caso Dafne y la escuela militarizada de ciudad Madero, Tamaulipas, ya escaló a las oficinas de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La mandataria pidió sumarse a las investigaciones de las autoridades locales, a la Fiscalía General de la República (FGR), porque la joven acusada del crimen de la mantense “puede también ser víctima”.
Comentó eso después que se acercaran los familiares de la detenida Yanina, a quien la fiscalía local, señala como la mano ejecutora del feminicidio.
El caso, da un giro notable, toda vez que el fiscal Eduardo Govea Orozco, desde el inicio de la investigación intentó hacer responsable a la también alumna hoy presa.
Con la FGR resoplándole en la espalda, el fiscal tamaulipeco tendrá que aplicarse y de manera expedita -circunstancia que ni en sus mejores fantasías ha realizado- resolver para que los jueces emitan una justa sentencia.
El fiscal, ha sido el elemento obstructor del crimen.
Sólo hay tres detenidos. Y al menos, existe una veintena de involucrados en tortura, amenazas, abusos sexuales -ya salieron testimonios que involucran a Estrellita, como una psicópata que violentaba parejo a jovencitos, mujeres y hombres- con la complicidad de sus hermanos y hermanas a quien no se han detenido para que declaren sobre los oscuros hechos que caracterizaban a la academia militar Doenitz.
Ante la falta de resultados de las fiscalías, el ruido mediático ha crecido: la mamá y el papá de Dafne, en un tira y tira demencial se acusan de cosas repugnantes; para el morbo y el consumo de la nota roja, a ese vendaval de lodo en familia, se sumó la abuela de la víctima a quien su yerno -presunto violador de Dafne- la responsabiliza de haber encarcelado a su pareja ¡por violación de una de sus hijas!
¿A quién creerle?
Cada que se estira una hebra, aparece otra madeja.
La muerte de Dafne es una tragedia de desencantos y desencuentros; parece una grande cebolla: cada capa que se le desprende, brota otra de similar contextura y de igual hedor.
Por una razón: la falta de pericia de los fiscales y jueces que tomaron el acontecimiento en sus manos. Por largos días, las autoridades penales parecieron -por la tardanza- estar protegiendo al director de la escuela, Jorge Luis Ponce.
Ante la presión de la opinión pública, se vieron en la necesidad de detenerlo. En los separos de la fiscalía, se le cuidó sobremanera; se le permitió declarar a distancia -vía zoom- desde su cómoda celda en donde está recluido.
Es muy saludable que la FGR, atraiga las investigaciones; o que participe como vigilante en las averiguaciones.
¿No se entiende?: la Federación está perdiendo la confianza en el aparato de justicia de Tamaulipas.
Y eso es terrible: sobre todo en año electoral.