Enrique Jonguitud
Ciudad Victoria, 10 de agosto.- La falta de certeza sobre la situación jurídica de los parquímetros en Ciudad Victoria llevó a la diputada local Patricia Saldívar Cano a plantear la suspensión temporal de los cobros, mientras se aclara la vigencia de la concesión y las condiciones en que opera el servicio.
La legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) señaló que la concesión de los parquímetros fue otorgada hace más de 15 años y, de acuerdo con su planteamiento, habría perdido vigencia, pese a que el servicio continúa funcionando en distintos puntos de la capital de Tamaulipas.
“Una preocupación legítima y creciente de Ciudad Victoria: la operación irregular, opaca y jurídicamente indefinida de los parquímetros en nuestra capital. La concesión otorgada hace más de 15 años ha perdido vigencia, pero continúa operando sin contrato actualizado, sin autorización”, señaló.
Saldívar Cano cuestionó que el servicio continúe prestándose sin un contrato actualizado y sin mecanismos claros de supervisión técnica, financiera y administrativa, situación que, afirmó, genera incertidumbre para los usuarios que realizan pagos o enfrentan sanciones.
La diputada consideró que el caso de los parquímetros refleja problemas en la prestación de servicios públicos que terminan afectando directamente a las familias de Ciudad Victoria, particularmente cuando existen cobros y medidas sancionadoras cuya aplicación también es cuestionada.
“No podemos normalizar la improvisación, la opacidad ni la falta de control administrativo. No podemos permitir que un servicio público opere durante años sin contrato, sin supervisión y sin claridad para quienes lo utilizan”, afirmó.
Ante este escenario, la legisladora propuso que el Ayuntamiento de Ciudad Victoria presente públicamente un informe sobre la situación jurídica, técnica y financiera de la concesión, con el propósito de establecer bajo qué condiciones continúa operando el servicio.
Además, planteó suspender temporalmente el cobro de los parquímetros hasta que exista certeza jurídica y detener la aplicación de inmovilizadores en las zonas donde funcionan, como parte de las medidas que busca impulsar para evitar sanciones mientras se define la situación legal del servicio.
