CONFIDENCIAL

Por ROGELIO RODRÍGUEZ MENDOZA

“La salud y el bienestar de mi paciente serán mi primera consideración”, establece uno de los principios esenciales de la ética médica. Dicho de otra manera, quien ejerce la medicina tiene la obligación moral de colocar la vida y el bienestar del enfermo por encima del dinero o de cualquier otro interés.

Lamentablemente, en los últimos años he podido comprobar que entre ese principio y la realidad puede existir una distancia enorme. Por un asunto estrictamente familiar he peregrinado de consultorio en consultorio, de hospital en hospital y de especialista en especialista, encontrándome con situaciones que primero sorprenden, después indignan y finalmente asustan.

Le hablo de experiencias ocurridas en Ciudad Victoria, aunque sería ingenuo suponer que se trata de un problema exclusivamente local. No encuentro razones para pensar que las cosas sean radicalmente distintas en Tampico, Matamoros, Reynosa, Monterrey, Guadalajara o cualquier otra ciudad del país. La mercantilización de la medicina parece haberse extendido demasiado.

Desde luego que hay médicos extraordinarios. Profesionistas sensibles, honestos y profundamente comprometidos con sus pacientes, capaces incluso de sacrificar tiempo e ingresos para ayudar a quien los necesita. Los he conocido y sería injusto no reconocerlos. El problema es que también me he topado con quienes parecen mirar primero la cartera del enfermo y después su expediente clínico.

Le pongo un ejemplo. Un neurocirujano, recomendado como especialista “de mucho prestigio”, atendió a una paciente de 81 años que padece varias hernias de columna y además enfrenta diabetes, hipertensión e hipotiroidismo. Acudió buscando precisamente una alternativa para aliviar sus dolores sin necesidad de someterse a una operación.

Los especialistas que la habían valorado anteriormente, entre ellos internistas y traumatólogos, habían coincidido en que una cirugía representaba un riesgo demasiado elevado por su edad y sus padecimientos. La recomendación era buscar tratamientos menos invasivos que pudieran disminuir el dolor sin exponer innecesariamente su vida.

El neurocirujano pensó diferente. Después de revisarla planteó como alternativa una intervención quirúrgica cuyo costo rondaría, en promedio, los 700 mil pesos. “Mis honorarios serían de 150 mil; lo demás es para anestesiólogo, auxiliares, hospital y todo lo que se necesita”, explicó con absoluta naturalidad.

Aclaro algo: el problema no son los 700 mil pesos. Cada especialista tiene derecho a cobrar por sus conocimientos, experiencia y trabajo, y nadie debería regatearle a un médico el valor de años de preparación. El verdadero problema aparece cuando el incentivo económico puede terminar pesando más que la conveniencia médica del paciente.

Porque estamos hablando de una persona de 81 años, con enfermedades crónicas y antecedentes que otros médicos consideraron suficientes para desaconsejar una cirugía. Frente a circunstancias semejantes, lo mínimo esperable sería una explicación exhaustiva de riesgos, beneficios y alternativas, y quizá hasta recomendar una segunda opinión antes de llevar al enfermo al quirófano.

No puedo afirmar qué había en la conciencia de aquel especialista ni convertir una experiencia particular en sentencia contra toda una profesión. Pero sí puedo decir que salir de un consultorio con la sensación de que se habló con mayor claridad del costo de una cirugía que de sus riesgos provoca una enorme desconfianza.

Hay otra práctica que también merece atención. Algunos especialistas que trabajan en instituciones públicas como el IMSS o el ISSSTE mantienen simultáneamente consulta privada, algo perfectamente legítimo. Lo cuestionable comienza cuando la posición dentro del sistema público termina funcionando como escaparate para llevar pacientes hacia el consultorio particular.

El mecanismo, según testimonios que he conocido durante este largo peregrinar, puede ser muy sencillo: al paciente se le advierte que su intervención tardará demasiado, que faltan insumos o que las condiciones del hospital no son las mejores. Después aparece, casi providencialmente, la alternativa privada: cirugía rápida, atención personalizada y, desde luego, una cuenta considerable.

Seguramente habrá ocasiones en que esas advertencias sean ciertas. Las carencias del sistema público de salud son conocidas y sería absurdo negarlas. Pero precisamente por eso resulta indispensable establecer una frontera ética muy clara entre informar honestamente al paciente sobre esas limitaciones y utilizar su miedo, dolor o desesperación para convertirlo en cliente.

Porque quien llega a un consultorio no está comprando un automóvil ni comparando precios de vacaciones. Llega enfermo, preocupado, vulnerable y muchas veces dispuesto a entregar sus ahorros con tal de recuperar la salud. Ahí radica la enorme responsabilidad de quienes ejercen la medicina. Cuando el negocio se coloca por encima del enfermo, aquella vieja promesa hipocrática deja de ser un compromiso y termina convertida en una bonita frase colgada en la pared.

ASÍ ANDAN LAS COSAS.
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