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Enrique Jonguitud
Ciudad Victoria, 7 de agosto.- La diputada local Mercedes Carmen Guillén Vicente advirtió desde el Congreso de Tamaulipas que cualquier intento de controlar los contenidos de los medios de comunicación representa un riesgo para la libertad de expresión y para el ejercicio democrático.
Durante su participación ante la Diputación Permanente, la legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) sostuvo que existen debates que no pueden quedar suspendidos durante los periodos de receso legislativo, especialmente cuando están relacionados con derechos y libertades fundamentales.
“Aprovecho esta tribuna y la Comisión Permanente porque hay discusiones que no admiten vacaciones y pausas institucionales. Hoy, en todo el país y también en esta discusión, se habla abiertamente sobre la intención de codificar la verdad, de vigilar la opinión y de deslizar control sobre los medios de comunicación” expresó.
Guillén Vicente cuestionó quién podría asumir la autoridad para determinar qué información es verdadera y cuál no, al considerar que establecer un mecanismo de esa naturaleza abriría la puerta a restricciones contra la libertad de expresión y limitaría el derecho de los ciudadanos a formar sus propios criterios.
La legisladora tamaulipeca señaló que las personas tienen la posibilidad de decidir qué contenidos consumen, escuchar una opinión y estar o no de acuerdo con ella, cambiar de canal o simplemente rechazar determinada información, por lo que consideró innecesario que una autoridad determine qué puede difundirse.
“¿Quién en este país tiene la autoridad moral o legal para arrogarse el monopolio de la verdad? ¿Es una figura pública y tendría un grupo de personas que la autoridad define qué es verdad y qué no lo es? Es un riesgo jurídico directo contra la libertad de expresión.”
La diputada también puso sobre la mesa la violencia que enfrentan periodistas en distintas regiones del país, incluidos asesinatos y desapariciones, y cuestionó que mientras comunicadores arriesgan su vida para informar, el debate público se concentre en mecanismos para controlar o fiscalizar los contenidos de los medios.
Guillén Vicente sostuvo que quienes ocupan cargos públicos tienen la obligación de rendir cuentas ante la sociedad y defendió que las libertades deben discutirse y protegerse dentro de una democracia, no limitarse mediante disposiciones impuestas desde el poder.
“Precisamente porque nunca me he quedado callada en lo que pienso, en este asunto menos. Los servidores públicos están para rendir cuentas. Yo creo que en una democracia de verdad se debate la libertad y no se impone por decreto”, puntualizó.
