En este país todos se rasgan las vestiduras cuando la presidenta propone lineamientos para las audiencias. Los columnistas se lanzan como si les hubieran tocado la cartera, gritan censura, dictadura, mordaza. Y sin embargo, nadie quiere reconocer que el periodismo también ha tenido sus excesos. ¿O ya se nos olvidó lo que pasó hace unas semanas  con El Universal y Carlos Monsiváis,  en donde este diario publicó  una entrevista apócrifa o alterada atribuida a Carlos Monsiváis que incluía un párrafo difamatorio sobre el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, sin haber cotejado ni verificado la existencia del audio original

La verdad es que algunos columnistas se han especializado en las verdades a medias, en el rumor disfrazado de análisis y en la calumnia con tintes literarios. Y claro, el público lo consume porque el escándalo vende más que la información. Pero aquí viene la parte incómoda: los afectados también tienen culpa. El derecho de réplica existe, está en la ley, está en la Constitución, y sin embargo, cuando uno les dice “secretario, recurra al derecho de réplica, usted tiene ese derecho”, contestan con flojera: “bueno, lo voy a considerar”. Considerar, como si fuera opcional defenderse.

Así, la columna calumniosa se queda como única versión, y el silencio del funcionario se convierte en complicidad. Porque si no se ejerce el derecho, la mentira se instala como verdad oficial. Y entonces, cuando llegan los lineamientos de audiencias, todos brincan como si fuera un atentado contra la libertad, cuando en realidad es un recordatorio de que la libertad también implica responsabilidad.

El problema es que esas reglas no aplican para las redes sociales. Ahí cualquiera sube lo que le da la gana, sin fuente, sin verificación, sin ética. Y lo peor: sin posibilidad de réplica. ¿A quién le replicas un meme anónimo? ¿A qué autoridad le pides que corrija un tuit fantasma? En ese terreno, la psicosis informativa se multiplica y el ciudadano queda atrapado entre el ruido y la paranoia.

Por eso resulta irónico que los grandes medios se indignen por los lineamientos, cuando ellos mismos han caído en excesos. El periodismo serio debería ser el primero en reconocer que necesita reglas claras, porque de lo contrario se convierte en espectáculo barato. Y los funcionarios deberían ser los primeros en ejercer su derecho de réplica, porque de lo contrario se convierten en víctimas voluntarias.

Otra cosa, a veces olvidamos que los géneros periodísticos no son mezclables a conveniencia. Una nota informativa debe ser eso: información, con fuentes claras y verificables. Sin embargo, vemos textos que se disfrazan de nota pero llevan la opinión del reportero incrustada, como si fueran columna. Y ahí empieza la confusión. El funcionario, al leer, reclama: “oye, yo no dije eso, ¿por qué inventas?”. El reportero responde: “tengo la grabación”. Y ocurre lo de siempre: algunas veces el periodista interpretó a su modo para hacer la nota más atractiva, pero en otras, el funcionario sí lo dijo y luego, tras el regaño de sus superiores, lo cómodo es culpar al reportero. En ambos casos, la línea entre informar y opinar se vuelve borrosa, y lo que debería ser un relato objetivo termina convertido en un híbrido que erosiona la confianza

En mi opinión, el tema es responsabilidad de todos. Leyes hay, reglamentos también, pero no se aplican, o no se hace unos de,  como deberían. Los lineamientos para las audiencias tendrían que apuntar directamente a lo que hoy no está regulado: las redes sociales, los dueños de páginas de Facebook donde se publican textos como “nos llegó una queja de que el director del hospital general está cobrando por medicamentos”, sin pruebas, sin fuente, y solo porque al autor le cae mal ese director o no cedió a sus caprichos. O que la diputada tal consiguió su puesto porque se acostó con fulanito de tal…. Ojo: no hablo de reporteros, sino de cualquiera que se sienta con derecho a publicar lo que sea. Ahí está el verdadero vacío, ahí es donde se genera la psicosis informativa que ningún derecho de réplica puede corregir