CONFIDENCIAL
ROGELIO RODRÍGUEZ MENDOZA.
La muerte de Carlos Cruz Medrano, mejor conocido como “El Block”, volvió a exhibir una realidad que durante años ha permanecido frente a los ojos de todos: el transporte mediante plataformas digitales opera en medio de un desorden que nadie ha querido corregir.
La versión inicial señalaba Carlos sufrió un infarto después de enfrentar un presunto intento de secuestro, pero la Fiscalía General de Justicia del Estado aclaró, anoche, que su deceso fue como consecuencia de una lesión autoinfligida. Se quitó la vida de forma voluntaria. Una tragedia que enluta a su familia, a sus compañeros conductores y a buena parte de la sociedad victorense que lo apreciaba.
Sin embargo, las declaraciones del subsecretario del Transporte, Armando Núñez Montelongo, abrieron inevitablemente otro frente de discusión. Informó que Carlos no aparecía registrado como conductor de taxi ejecutivo y que el vehículo tampoco formaba parte del padrón oficial.
Ese dato, por sí mismo, resulta preocupante. No por la víctima, sino porque confirma que el sistema continúa funcionando con enormes vacíos de supervisión y control.
Basta solicitar un viaje para comprobarlo. Con demasiada frecuencia quien llega a recoger al usuario no es la persona registrada en la aplicación. Tampoco el automóvil coincide con el que aparece en la pantalla del teléfono. “Piratería” pura.
La práctica se volvió cotidiana. Miles de usuarios ya ni siquiera se sorprenden cuando observan que el nombre del conductor, las placas o el vehículo simplemente no corresponden con la información proporcionada por la plataforma.
Lo verdaderamente grave es que esa normalización destruye el principal argumento de seguridad con el que nacieron Uber y DiDi: la posibilidad de identificar plenamente a quien presta el servicio.
Cuando esa garantía desaparece, el pasajero queda prácticamente a ciegas. Ya no sabe quién conduce realmente, ni quién responderá en caso de un delito, un accidente o cualquier otra situación de riesgo.
La responsabilidad no es exclusiva de quienes incumplen las reglas. También alcanza a la autoridad encargada de vigilar el transporte público, que durante años ha permitido que esas irregularidades se multipliquen sin mayores consecuencias.
No basta con descubrir, después de una tragedia, que un conductor o un vehículo carecían de registro. La verdadera pregunta es cuántos casos similares siguen circulando todos los días por las calles de Tamaulipas.
La ley existe. Los mecanismos de supervisión también. Lo que ha faltado es determinación para aplicarlos sin excepciones, sin complacencias y sin el temor de incomodar a quienes operan al margen de la normatividad.
Porque mientras el gobierno siga permitiendo que el transporte funcione bajo reglas flexibles y supervisiones laxas, la incertidumbre seguirá ocupando el asiento del copiloto. Y eso, tarde o temprano, termina pasando la factura.
EL RESTO.
PLEITO EN EL PAN.- Nos dicen que en el Comité Directivo Estatal del PAN, los cabecistas se niegan a entregar sus oficinas a los nuevos inquilinos encabezados por Gloria Garza Jiménez y César, “El Truko”, Verástegui Ostos.
El hecho ha generado un ambiente tenso entre los que llegan y los que no se quieren ir, lo que sin duda se trata de una mala señal para el partido porque lo más urge al PAN es unidad.
Si no son capaces de ponerse de acuerdo en la transición del inmueble sede del partido, menos lo serán cuando llegue el momento de definir las candidaturas.
¿O no?
ASÍ ANDAN LAS COSAS.
