La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos declaró inconstitucional la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que pretendía eliminar la ciudadanía por nacimiento a los hijos de migrantes indocumentados o con visas temporales nacidos en la unión americana, cuya decisión representa un duro golpe político para el controvertido mandatario norteamericano.
Y aunque la decisión fue dividida de 6 votos contra 3, esta resolución ya se esperaba porque desde hace más de un siglo ha prevalecido el fundamento legal de la Decimocuarta Enmienda que garantiza precisamente la ciudadanía a todos aquellos que nacen en los Estados Unidos.
Trump argumentaba que las personas sin estatus legal no tienen derechos constitucionales de los Estados Unidos y por ende sus hijos no deberían acceder automáticamente a la ciudadanía norteamericana, tal y como lo establece la Decimo Cuarta Enmienda de la Constitución.
Cabe señalar, que la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos sí permitió mantener algunas restricciones, entre las que destacan las solicitudes de asilo en la frontera con México y mantener la suspensión de Estatus de Protección Temporal para migrantes de Haití y Siria.
El fallo, beneficiará alrededor de 300 mil niños que nacen cada año en los Estados Unidos, entre los que seguramente se encuentran hijas e hijos de parejas de Tamaulipas que van a los hospitales de la unión americana para que nazcan allá y por ende obtengan la ciudadanía norteamericana.
Esta decisión de las y de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos debe de ser tomada de ejemplo por las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en caso de que la iniciativa de reforma acerca de los Derechos de las Audiencias sea aprobada, como se espera por la mayoría morenista, en el Congreso de la Unión.
Aunque se diga que no habrá censura ante las críticas de periodistas y medios informativos a las decisiones del gobierno federal, lo cierto es que todo indica que se busca poner freno a la libertad de expresión en nuestro país.
Nunca antes se ha visto semejante embrollo en torno a la libertad de expresión, puesto que con el pretexto de normar los criterios para ejercer el derecho a la información de la ciudadanía se busca sacar adelante la iniciativa del Derecho de las Audiencias.
En contraste, diversos organismos empresariales, especialistas, periodistas y dirigentes de partidos políticos de la oposición, advierten que algunos apartados de la iniciativa buscan condicionar el ejercicio periodístico.
De regreso a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, no hay duda de que se trata de una decisión histórica porque se recobra la esencia de la Cuarta Enmienda, que otorga la ciudadanía a todos aquellos que nacen y nacerán en la unión americana, pero además representa un duro golpe político para el presidente Donaldo Trump.
Y es que mientras allá, nadie duda de la división de poderes, aquí desafortunadamente, las y los ministros de la SCJN, mejor conocidos como “los ministros del acordeón”, no ocultan su afán por agradar a la titular del Poder Ejecutivo Federal.
En otro tema, el rector Dámaso Anaya Alvarado encabezó ayer una reunión para ver los avances del proyecto “Carne Tam”, que busca la comercialización de la carne con valor agregado en los mercados locales y nacionales, como una alternativa más a la exportación del ganado en pie a los Estados Unidos.
En la reunión participaron el Subsecretario de Desarrollo Pecuario y Forestal, Cuauhtémoc Amaya García y el dirigente de la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas (UGRT), José Ramón Guerrero Gamboa, además de ganaderos de diferentes municipios de la entidad.
Anaya Alvarado destacó que la UAT colabora con estudios técnicos y financieros, así como también con el sacrificio del ganado en el Rastro Tipo Inspección Federal (TIF), en donde se empaqueta la carne para que sean distribuidos en los mercados locales y nacionales.
De igual forma, reveló que la UAT está en posibilidades de hacer un estudio científico de los diferentes tipos de carne que se comercializan en el estado, cuya investigación estará a cargo de docentes y estudiantes de la Facultad de Veterinaria y Zootecnia.
Por su parte, el Subsecretario Amaya García explicó que el proyecto “Carne Tam” incluye el desarrollo de un centro integral de ganadería, con una sala de subastas, un centro de mejoramiento genético, una sala de procesamiento, una sala de deshuese y empaque en apoyo a los ganaderos.
El funcionario señaló también que el proyecto “Carne Tam” será un parteaguas para la ganadería tamaulipeca, puesto que se conjugan un modelo de negocio y el trabajo de campo con el propósito de potencializar al sector ganadero, sin dejar de señalar que este esfuerzo busca que la exportación de ganado en pie a los Estados Unidos pase a un segundo término.
Por último, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, de nuevo se metió en honduras al señalar que la beca “Rita Cetina” de 2 mil 500 pesos era un regalo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para las y los alumnos de las primarias públicas, en lugar de señalar que es un derecho constitucional, cuyo costo sale de los impuestos que pagamos todos los contribuyentes.
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