Por José Gregorio Aguilar
Miércoles 05 de Agosto del 2026
El secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, informó que se iniciará un diálogo social en los 43 municipios y más de 5,200 centros escolares del estado para discutir la regulación del uso de celulares en las aulas, atendiendo la invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum.
El titular del ramo educativo explicó que la presidenta pidió abrir foros estatales con sociedades de padres y madres de familia, con el objetivo de socializar la información científica que advierte sobre los efectos negativos del uso excesivo de pantallas y redes sociales en la niñez y juventud.
“Se ha comprobado que el uso sin supervisión adulta no ha traído beneficios neuronales ni educativos, y sí ha aumentado la ansiedad juvenil, la depresión y la tendencia al suicidio”, señaló el funcionario, citando estudios presentados en la conferencia presidencial por el especialista Jonathan Haidt.
El secretario agregó que el gobernador instruyó a que, iniciando el ciclo escolar, se realicen estos foros en todo el estado para escuchar a las familias y comunidades escolares, y posteriormente llevar la propuesta al Congreso si es necesario.
Valdez García subrayó que la intención no es imponer medidas, sino construirlas de manera participativa. “La presidenta nos pide que sean las familias quienes se pronuncien, que se socialice la propuesta, como ocurrió con el programa Vive Saludable, cuando se reguló la venta de productos industrializados en cooperativas escolares”, recordó.
El funcionario insistió en que la regulación no busca prohibir la interacción social ni el uso de redes, sino garantizar que se realice bajo supervisión y en condiciones que no afecten el desarrollo cognitivo ni emocional de los estudiantes.
La Secretaría de Educación de Tamaulipas se comprometió a organizar los foros de consulta y a difundir información clara sobre los riesgos y beneficios del uso de celulares en las escuelas, para que la decisión final sea respaldada por la comunidad educativa.
Con este proceso, el estado se suma al debate nacional convocado por la Presidencia de la República, que busca definir una política pública sobre cultura digital y educación, colocando en el centro el derecho a aprender y el bienestar de niñas, niños y adolescentes.
