El Patinadero
Juan Antonio Montoya Báez
¿Usted recuerda algunos casos de impunidad en la era de la 4T, tanto de propios morenistas como de personajes ajenos? ¿Casos de corrupción sistematizada o abuso de poder? Son tantos y tan sorprendentes que los escritores más creativos se quedan cortos; incluso las series de Netflix lucen simples comparadas con las truculentas historias de la llamada Cuarta Transformación.
Son crónicas de impunidad, nepotismo, corrupción, abuso de poder, desmantelamiento de las instituciones y una profunda indiferencia por parte de autoridades que no escuchan, no atienden, no conectan y habitan una realidad alterada que agravia diariamente a la ciudadanía.
Este efecto nocivo es dolorosamente palpable tras el lamentable caso de la niña Dafne, un suceso de alto impacto social que se ha convertido en una causa colectiva. El drama deja en evidencia la vulnerabilidad de los ciudadanos comunes frente a los encargados de procurar justicia, confirmando que el estado de indefensión es real ante sistemas públicos que revictimizan a quienes deberían proteger.
Alzar la voz es un acto valiente y temerario en un país donde se cobija la impunidad y donde a los agresores se les otorgan todas las concesiones. En esta nación, denunciar suele ser motivo de amenazas o intimidaciones cobijadas desde el poder, con tal de blindar al influyente y perseguir a las víctimas.
En Tamaulipas hemos visto cómo se les da carpetazo a las denuncias incómodas. La justicia se convierte en un traje a la medida del mejor postor o, peor aún, se persigue a los propios denunciantes. Así le ocurrió a un grupo de victorenses que denunciaron por fraude —por la compra de plazas— a un aspirante de la 4T a la alcaldía de Ciudad Victoria.
En lugar de proceder en contra del político, las víctimas recibieron una «llamada de atención» desde la Fiscalía Anticorrupción: les exigieron ratificar sus denuncias bajo la advertencia implícita de que, si el caso no procedía, ellos terminarían siendo los perseguidos. Con ese nivel de intimidación estatal, es obvio que nadie quiere continuar.
En dicha Fiscalía Anticorrupción hay trabajo de sobra para perseguir el enriquecimiento ilícito, el saqueo al erario y el fraude a ojos vistas. Sin embargo, mientras la ciudadanía padece la falta de empleo y el colapso económico por falta de inversión, los «nuevos ricos» de la 4T caminan tranquilos. A lo mucho, algunos son despedidos de sus cargos, pero sus millonarias inversiones en restaurantes, plazas comerciales, gimnasios o gasolineras permanecen intocables; a esas nadie las ve ni las investiga.
El trágico fin de la menor removió las fibras más sensibles de la sociedad y profundizó un clamor colectivo de justicia en su sentido más amplio. ¿Cómo es posible que, al amparo de la impunidad, durante 30 años funcionara una institución como la Academia Militarizada Doenitz? Esto confirma que la corrupción y la negligencia no conocen partidos ni colores, pero el problema actual es que las cosas se han salido de control como nunca antes, detonando un peligroso hartazgo social.
Este hartazgo comenzó hace años, pero se acentuó desde el sexenio del exgobernador Egidio Torre Cantú —quizá el más inteligente y audaz de los exmandatarios—. Torre Cantú no es perseguido por la justicia ni involucrado con la delincuencia; goza de absoluta libertad gracias a su conocido pacto de transición con el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Hoy mantiene sus inversiones en Tamaulipas y se transforma en un magnate inmobiliario con fraccionamientos en diversas partes del país, presuntamente asociado con su antes tesorero, Alfredo González Fernández.
El propio Cabeza de Vaca, a quien se le atribuye un peculado de miles de millones de pesos, tampoco es castigado. Al contrario, presume su riqueza sin temor alguno: compra ganado, cena en restaurantes de lujo y asiste a partidos del Mundial.
El caso de Dafne es también un grito de auxilio por todas las mujeres cuyas denuncias duermen el sueño de los justos en la Fiscalía especializada en delitos contra la mujer; carpetas de investigación por violencia de todo tipo donde el avance es nulo o el carpetazo es inmediato.
Esta tragedia sigue dando mucho de qué hablar. Los ciudadanos se preguntan legítimamente por qué hay tanta protección hacia los probables asesinos y tardaron tanto en detenerlos. Es tal la desconfianza en las autoridades que el arresto de los implicados genera suspicacias y rumores populares que apuntan a una supuesta suplantación de detenidos al más puro estilo de Mario Aburto.
La indignación y condena generalizada obligan a poner bajo la lupa el funcionamiento y regulación de todas las escuelas militarizadas para evitar otra desgracia, así como a revisar las complicidades y el papel de los funcionarios que debieron procurar justicia desde el primer minuto. Dafne murió por la incapacidad de las autoridades para supervisar estos centros, pero también por la complicidad de alcaldes y políticos locales que pudieron haber otorgado sombra y protección a los directivos de esa academia militarizada.
El grito contra la ineptitud y la injusticia lanzado por la madre de Dafne resonó en todo México, logrando una profunda empatía nacional. El pueblo exige justicia para Dafne y para sí mismo; un freno definitivo a los ricos y poderosos que usan el aparato de poder para avasallar a los más débiles e inocentes.
Bueno, por hoy es todo.
Adiós y aguas con los patinazos…
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