Por José Gregorio Aguilar
Domingo 26 de Julio del 2026
Trasciende que la convocatoria para la renovación de la dirigencia de la Sección 30 del SNTE en Tamaulipas no será publicada este año, lo que implica que el actual secretario general, Arnulfo Rodríguez Treviño, continuará en el cargo más allá de diciembre, fecha en que vence su periodo de cuatro años.
Esta situación ha generado inconformidad entre aspirantes como Enrique Meléndez Pérez, quien incluso ha advertido la posibilidad de movilizaciones, y voces críticas como la del profesor Miguel Ángel Tovar Tapia, quien asegura que no existen argumentos legales para que el Comité Ejecutivo Nacional del SNTE aplace la publicación de la convocatoria.
Tovar Tapia calificó el escenario como un reflejo del “charrismo sindical” y de un sindicato corporativo que sigue las instrucciones del Ejecutivo Federal. “Los perjudicados somos los maestros, porque se impide un ejercicio democrático que está enmarcado en la Ley Federal del Trabajo”, señaló.
El profesor cuestionó además el papel del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, al que acusó de ser un mero espectador. Recordó que esta instancia es la encargada de otorgar la toma de nota de los estatutos sindicales, donde se establece con precisión el inicio y término de cada periodo de comité seccional y nacional.
“Cualquier prórroga que se solicite no puede estar por encima de la ley. La agenda personal de Alfonso Cepeda o de Arnulfo Rodríguez no puede imponerse sobre lo que marca el estatuto”, afirmó Tovar, al advertir que cualquier acto jurídico realizado fuera del periodo legal carece de validez.
El docente insistió en que el retraso de la convocatoria normaliza la violación de la ley “al antojo de quien sea” y responsabilizó al magistrado presidente del Tribunal, Cristóbal Arias Solís, de permitir o frenar esta situación. “O hace valer la ley o está total y completamente maiciado”, expresó.
Sobre las posibles movilizaciones anunciadas por algunos aspirantes, Tovar consideró que solo tendrían sentido si se acompañan de acciones jurídicas. “Una marcha sin un requerimiento legal no tiene fuerza. Debe ser como en la reforma educativa: manifestación acompañada de demandas jurídicas”, puntualizó.
Con este panorama, el magisterio tamaulipeco enfrenta un proceso marcado por la incertidumbre, donde la falta de convocatoria abre la puerta a críticas sobre la legalidad, la democracia sindical y la influencia política en la vida gremial
