La Comuna

José Ángel Solorio Martínez

El caso de la diabólica escuela militarizada Doenitz de ciudad Madero, Tamaulipas, México, donde fue asesinada una niña mantense, ya tocó las esferas de la Federación. El mismísimo secretario de Educación, Mario Delgado Carrillo, en un comunicado estableció, que el mencionado plantel, violenta los derechos humanos de la niñez, transgrede los principios de la Escuela Mexicana -guía teórica oficial para la praxis educativa- y que no puede haber instituciones militarizadas en nivel básico.
¿Así o más claro?
A una semana del terrible acontecimiento fatal que ha conmocionado a la opinión pública nacional, sólo una detenida ha mostrado la fiscalía. Una jovencita que más que responsable, perece víctima: según testimonios de sus compañeros, ella fue violada por personal al mando del director Jorge Luis Ponce Ortega.
Aunado a esa vejación, comentan sus compañeros -porque era estudiante y no del aparato operativo del plantel- sufrió los mismos malos tratos y torturas que todos sus condiscípulos.
Ponce Ortega, a quien todos los dichos de los estudiantes y exestudiantes, es el responsable de todas las anomalías de la escuela militarizada, no lo han tocado ni con el pétalo de una rosa.
Lo extraño es que el sujeto se sigue moviendo con toda normalidad. Incluso, entró al edificio resguardado por la fiscalía como Pedro por su casa, extrayendo material que puede ser prueba para esclarecer el caso.
Hay videos públicos de ello.
Es evidente: las autoridades encargadas de procurar justicia están haciendo incorrectamente su trabajo.
Ese es el gran riesgo para el gobernador Américo Villarreal Anaya. Si el gobierno de Claudia Sheinbaum sigue recibiendo esas señales de inoperancia para ofrecer justicia, el caso Doenitz-Dafne, puede ser atraído por instancias federales.
¿Tiene caso abonar a ese escenario?
¿Acaso no leen la gravedad de los hechos?
Es claro y evidente, que la fiscalía no sólo está torciendo la ley: está obstruyendo la acción de la justicia.
Ahí es donde se pone peligroso para la administración estatal.
Enturbiaron la escena del crimen.
Manipularon sin autorización de los legistas el cuerpo de la niña.
Permitieron la presencia en el lugar de los hechos, de uno de los principales sospechosos: Jorge Luis Ponce Ortega.
Burocratizaron las indagaciones.
Dejaron en libertad a más de una veintena de sujetos, que son copartícipes de los abusos infantiles.
Están hasta el cuello los fiscales.
Y amenazan, con su estulticia, hundir al gobernador Américo Villarreal Anaya.